Editorial

Tráfico de armas: ¿quién lo para?

Antioquia y el país continúan golpeados por un negocio con bajo perfil de sus inspiradores, pero de notorio impacto en la inseguridad y la violencia en las calles. Desarmar a los ilegales, gran reto.
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ilustración esteban parís Publicado el 13 de marzo de 2019

Solo de Estados Unidos a México entran cada año más de 200 mil armas. El 60 por ciento de ese armamento es comprado de manera legal en almacenes de California, Texas, Florida y otros estados. En Medellín y Antioquia, hoy, se da un fenómeno similar: recientes investigaciones constatan que la principal fuente de venta de armas ilegales a este territorio son los armerillos de EE.UU.

Las redes, bien camufladas y poco perseguidas, contactan a ciudadanos de ese país, sin antecedentes penales, quienes las adquieren en topes admitidos y que no llamen la atención de las autoridades, y después las ponen en manos de los contrabandistas, quienes las despachan por los puertos marítimos de Miami y México y terminan, en parte, en Barranquilla, Buenaventura o Turbo, o entran por las trochas fronterizas desde Panamá, Venezuela y Ecuador.

Esa es una breve síntesis del origen de un mal mayor para la sociedad antioqueña y la colombiana: la proliferación de armas que refuerza a grupos criminales como el Clan del Golfo, el Eln y las disidencias de las Farc, pero que también estimula la delincuencia común y la violencia callejera.

Según reciente informe de EL COLOMBIANO, en diferentes operaciones en Medellín las autoridades decomisan dos armas ilegales cada día. Según la Alcaldía, entre 2016 y 2018 se incautaron 1.957. En 2019, del 1 de enero al 3 de marzo, 148, un promedio diario de 2,4 armas, en un contexto de 83 homicidios a bala.

Una de las justificaciones de los ciudadanos que respetan la legalidad y las instituciones para querer armarse es la necesidad de ejercer su derecho a la defensa, ante una delincuencia armada hasta los dientes. Es decir, las armas ilegales en manos de criminales presionan el aumento de otros civiles armados, o al menos la idea de que para protegerse “hay que tener fierro”.

Sorprenden la sofisticación y tecnología de las armas que están llegando a los grupos ilegales: desde pistolas que traspasan blindajes hasta fusiles de alta precisión. Armas en alquiler o en venta, que van de $5 a $90 millones.

La otra parte de la preocupación, además de aquella esencial de salvaguardar la vida y bienes de los ciudadanos, pasa por las incipientes y limitadas investigaciones en torno a los traficantes. Bandas que operan con fachadas comerciales, desligadas de los grupos ilegales (no son orgánicas de esas estructuras), que simplemente le venden al mejor postor y que, por ello, alimentan guerras entre facciones en zonas como el Norte y Bajo Cauca, o en las calles de comunas de Medellín: la 8 y la 13, entre otras.

Es urgente que los organismos de inteligencia e investigación judicial se adentren en los laberintos de un negocio oscuro y dañino que, por distintas vías, origina miles de asesinatos cada año en el país. Desde la relación armas-cocaína, hasta la venta de poderosos arsenales, casi que por encomienda, que hoy se hace para combos urbanos.

El informe de este diario advierte que pese a algunos operativos y capturas, a Antioquia siguen entrando armas nuevas, las mismas con que se presiona, extorsiona, desplaza, expropia y asesina a civiles inermes a los que no se brinda protección oportuna. Entre tanto, se diluye el principio de que sea el Estado el que ostente el monopolio de las armas.

El rebrote de conflictos rurales y urbanos en el país exige que las autoridades asuman el deber de enfrentar, con firmeza, ese mercado ilegal que es factor decisivo de inseguridad y violencia

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