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Nadie pone en duda el derecho a la protesta social, pero rechazamos, mirando el vecindario, la sinrazón de quienes destruyen la propiedad pública y privada con oscuros intereses. Por ello es imperativa su reglamentación. Reglamentar no es prohibir; es poner límites, pues todo derecho los tiene; es respetar los derechos de quienes no protestan y establecer responsabilidades a quienes convocan.
Es irresponsable y malintencionada la convocatoria del 21 de noviembre, en momentos de crispación política y violencia en el continente, y contra un gobierno que atendió el clamor de los estudiantes, que ha respondido a las expectativas salariales de los trabajadores, que lucha contra la violencia heredada y, además contra mezquinos intereses políticos.
Estamos frente a una gavilla para desestabilizar al gobierno Duque. A ese club de indignados solo los une su antigobiernismo y ni siquiera necesitan ponerse de acuerdo, porque “el enemigo de mi enemigo es mi amigo”.
La izquierda, que cobija a los impunes narcoterroristas, beneficiarios de la paz de Santos y hoy sentados en el Congreso o, simplemente, “volados”, persigue lo de siempre: la instauración de un sistema basado en la lucha de clases, el control de la economía y de los derechos a la propiedad privada y la libre empresa. Y eso tiene nombre: comunismo.
