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Los códigos Penal y de Procedimiento Penal siempre han sido instrumentos estatales de los cuales se ha hecho un uso-abuso excesivo, indebido, desproporcionado y selectivo.
El legislador colombiano ha pretendido durante décadas solucionar problemas sociales, económicos, políticos, ideológicos, a través de modelos basados en el castigo, sanción, represión, pena, privación de la libertad y cárcel, sin que los mismos hayan arrojado resultados favorables, efectivos o transformadores de la sociedad colombiana.
Hoy se hace imperativo la defensa de un derecho penal liberal, garantista y excepcional, donde primen la presunción de inocencia, debido proceso, juez natural, doble instancia, plena prueba.
La defensa en libertad debe ser la regla y las medidas de aseguramiento, excepcionales, tanto para el más encumbrado de los dirigentes, como para el ciudadano más humilde.
Pero cuando un juez decide abrir un proceso o adoptar medida de privación de libertad, hay que respetarlo. Es nefasto que se pretenda intimidar, presionar, acorralar a jueces y magistrados, como ocurrió el pasado lunes. A ellos se les debe hablar con memoriales, recursos, impugnaciones, nulidades, no con insultos y afrentas en redes y medios de comunicación.
Corresponde también a las altas Cortes evitar la filtración anticipada de sus decisiones, cumplir términos procesales, actuar con sobriedad y garantizar confianza y credibilidad.
