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Este es un país que ha perdido los grandes orientadores de la conciencia civil de la Nación. Está en manos del aventurerismo de algunos funcionarios que sin ninguna responsabilidad ni seriedad lo empujan en las direcciones más confusas.
La Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial actuó bajo la mediatización del fiscal general, donde los demás miembros demostraron ser muy inferiores a su misión, susceptibles de influencia indebida por quien quiere asumir un liderazgo político que el gobierno dejó vacío.
La propuesta de una Constituyente no dejó de ser una balandronada sin anclaje siquiera en las cortes en cuyo nombre se dijo que se estaba actuando.
Ahora bien, uno entiende que la crisis institucional y las evidencias de fracaso de muchos aspectos de la Constitución de 1991 van a conducir a un nuevo proceso constituyente a muy corto plazo. Lo que pasa es que hoy no tenemos las condiciones que permiten que un acontecimiento de tal naturaleza se celebre de modo fecundo y políticamente sólido.
Es decir, aunque las circunstancias de orden institucional indican la conveniencia de una reforma de fondo que solo por constituyente se puede hacer, la carencia de condiciones políticas hacen indeseable su convocatoria.
