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Ni los 8.794.542 víctimas, ni que el nuestro esté entre los países con más muertos por arma de fuego, ni que el 90 % de los fallecidos por heridas con arma de fuego sean menores de 30 años, le bastaron al Gobierno Nacional. Con el nuevo decreto expedido por el ministro de Defensa, los ciudadanos podrán estar armados en las calles por razones de “urgencia y seguridad”.
Esta situación es sumamente grave en un país con tantos antecedentes de violencia. Las Convivir, que fueron responsables de miles de asesinatos, fueron personas naturales armadas con el consentimiento del Estado. Esto no puede ser posible, el porte de armas debe ser sólo para la Fuerza Pública, como ordena la Constitución y la Ley, quienes tienen la misión de defender los derechos humanos, proteger la vida, honra y bienes de todos los colombianos.
Colombia no necesita individuos portando armas de fuego en centros comerciales, buses, Transmilenio, etc. Este Gobierno toma decisiones de política pública fundamentado en el mito y no en la evidencia. ¿Qué estudio demuestra que armando a la población esta va a ser más segura? Sucede todo lo contrario, en manos inexpertas y sin el debido entrenamiento una pistola –por bajo que sea su calibre– es y será una amenaza para la sociedad.
