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Los ciudadanos deben entender que el Estado y sus funcionarios están a su servicio, no al revés. Por lo tanto, se debe hacer control político y al elegir debe quedar claro que ellos están para cumplir las demandas del electorado.
Las recientes capturas de funcionarios revelan una carencia de institucionalidad, sobre todo a nivel regional, donde los órganos de control se convierten en los más corruptos debido a esa enfermedad del sistema político que es el clientelismo: el juego de las dádivas y las dependencias económicas por encima de las demandas ciudadanas.
Los órganos de control regional deberían pasar a ser parte de la elección popular, que la gente elija a su contralor, por ejemplo, o que esté asignado a la oposición para que no se convierta en ficha del gobernante de turno.
La Constitución del 91, cuando le dio tanto poder a los Municipios los convirtió en caudal y negocio político de las élites locales.
Se requieren partidos sólidos, fuertes, con reglas y estatutos claros, sin la alta personalización que hay ahora. Candidatos que no se comprometen, sin exigencias programáticas, que se van, migran o se quedan según les convenga. La “sobreoferta de candidatos” refleja eso: no hay tendencias ideológicas ni partidos. La lógica es que todo el mundo se lanza, en una vulgarización del proceso electoral, que ofende a los electores. Eso no es democracia ni pluralidad, es una máquina electorera en pro de intereses particulares.
