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Las imágenes a lo largo de 2019 de alcaldes y otros funcionarios capturados por la comisión de delitos en sus actuaciones administrativas y faltas éticas en el ejercicio de sus funciones, su paso a los estrados para enfrentar acusaciones de corrupción de la Fiscalía General de la Nación y de testigos, componen un álbum que obliga a todos a pensar en la enorme responsabilidad que tenemos frente a las elecciones regionales de octubre próximo.
Acaban de ser capturados el contralor de Antioquia y los mandatarios de La Pintada, San Carlos y Jardín, además de dos contralores auxiliares y funcionarios del hospital de Copacabana y la alcaldía de Briceño. Meses atrás se cumplieron detenciones en Bello, Barbosa y Envigado.
Hay una variada gama de delitos que atraviesan este espectro de anomalías: peculados, cohechos, concusiones, interés ilícito en celebración de contratos, celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales, conciertos para delinquir y falsedad en documentos.
Como si fuera poco, en 25 días de campaña se han registrado en el país 1.195 denuncias por posibles delitos electorales, de las cuales 165 se reportan en Antioquia. Por publicidad electoral, calidades de los candidatos, seguridad y orden público, voto libre, inscripción de cédulas y participación indebida en política de funcionarios.
Antioquia es la región con el mayor número de aspirantes en sus 125 municipios: 13.968 inscritos. Con ello se ha desatado la inspección entre unos y otros para detectar infracciones de los adversarios. No está mal, siempre y cuando esa diversidad y sobrepoblación de “actores electorales” no se convierta en terreno abonado para campañas negras de desprestigio y desinformación que tienen como escenario preferente las redes sociales y la contaminación con noticias falsas, incluso a medios reputados.
Por eso este “primer llamado de atención” de EL COLOMBIANO a los electores en Antioquia y el país: cada voto cuenta, toda elección acertada, o equivocada, desata una cadena de consecuencias sobre las comunidades, sus territorios y por supuesto sobre su futuro en todos los órdenes.
Hay un primer antídoto: adentrarse con rigor en el escrutinio previo de los candidatos, de sus hojas de vida, de sus partidos, de sus alianzas y sociedades políticas, de las posibles fuentes de financiación de sus campañas. Para ello hay que consumir, buscar información de calidad que permita juicios con elementos fundados para elegir bien.
Ya este diario, por ejemplo, hace poco más de un mes, denunció la difusión de una página falsa en un intento de personas inescrupulosas por desorientar a la comunidad de La Unión, oriente de Antioquia. Igual ha ocurrido con otros medios informativos de tradición a nivel nacional.
Por eso, en la recta final que se abre con miras a las elecciones de octubre, emprendemos la tarea de generar conciencia y responsabilidad frente a la escogencia de los próximos gobernadores y alcaldes, diputados y concejales, que integrarán la administración pública regional.
La desazón y desesperanza que produce ver la captura de sujetos que perdieron su compromiso y respeto por la función y el patrimonio públicos, pueden reducirse desde el momento mismo en que el ciudadano entiende que, con una elección estudiada y asumida a cabalidad, establece el primer filtro para garantizar el manejo ejemplar del Estado y de los bienes de todos.