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Anuncia el presidente de la República: “Les he dado una instrucción al ministro de Defensa y al director de la Policía Nacional para que se expida un decreto que modernizará la estructura orgánica de la Policía Nacional para fortalecer la política de defensa, protección y tutela de los Derechos Humanos”.
Un decreto –cuya expedición compete al presidente, no al ministro, aunque lo debe firmar con él (Art. 115 C.P.), ni al director de la Policía– no es el instrumento para reformar la estructura orgánica de dicha institución. El artículo 218 de la Constitución dispone: “La ley organizará el cuerpo de policía”.
Más allá del color de los uniformes -que es lo de menos-, en lo que se debe pensar es en el fondo de los problemas y en las posibles soluciones y reformas, con toda precisión sobre lo que se quiere conjurar, y ojalá con participación de la comunidad y la academia.
Desde luego, si ya el Gobierno habla de introducir reformas a la Policía a raíz de lo que viene ocurriendo, debe ser por considerar que hay irregularidades y entender que deben ser superadas. Se debe preservar y reivindicar a la Policía Nacional, que tantos servicios ha prestado al país en el pasado
