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El domingo pasado, en la ceremonia de graduación de nuevos subtenientes de la Policía Nacional, el presidente Iván Duque dijo que “hoy anunciamos 10 líneas de acción con las que profundizamos la modernización del Ministerio de Defensa y la transformación integral de nuestra Policía”.
Añadió que este proceso debe servir para fortalecer la política de derechos humanos y para “elevar los estándares en la prestación del servicio al ciudadano”.
De inmediato se produjeron voces que criticaron al mandatario por hacer ese anuncio justo cuando comenzaba la visita a Colombia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que va a evaluar sobre el terreno la situación de los derechos humanos en el marco del paro nacional que cumple más de un mes. Los críticos dicen que con ese anuncio, el presidente Duque quiere aminorar la severidad del juicio que esa comisión hará de las actuaciones de la fuerza pública.
La realidad es que los nuevos planes para la Policía Nacional fueron anunciados concretamente a mediados del pasado mes de marzo por el ministro de Defensa, Diego Molano, y por el director de la Policía, general Jorge Luis Vargas. O incluso se podrían citar los anuncios del entonces ministro Carlos Holmes Trujillo (q.e.p.d.) en septiembre del año pasado cuando, en el curso de revueltas callejeras y agudos conflictos entre manifestantes y policía, se pidió también desde diversos estamentos un proceso de reingeniería a la institución policial, sus procedimientos y organización interna. Así que la pregunta correcta no es por qué el presidente Duque lo anuncia ahora, sino qué se ha hecho desde los anuncios anteriores.
En marzo, el general Vargas había dicho que cada dos años, tanto la institución como cada uno de sus agentes debían certificarse en derechos humanos. Y el ministro Molano había prometido el mejoramiento en los procesos de incorporación, selección, formación y entrenamientos de los hombres y mujeres que fueran a hacer parte de la Policía. A propósito de eso, pedíamos desde este mismo espacio, el 13 de septiembre de 2020, “insistir en (la optimización) de los procesos de formación de los agentes, y en sus condiciones de calidad de vida. Su profesión es no solo de alto riesgo sino de condiciones extremas, que demandan acompañamiento profesional en todos sus niveles, desde el psicológico hasta el axiológico y financiero”.
El presidente Duque mencionó el domingo la mejora de las condiciones de los policías, promesa que estos han escuchado antes de otros gobiernos y que, por tanto, es hora de que se les cumpla.
También se habla de un nuevo Estatuto Disciplinario, y la reestructuración de la Inspección General, el departamento que hace las veces de control interno y que ha sido objeto de intensas polémicas entre los altos mandos. El Inspector General es subordinado del director de la Policía, y eso no garantiza ni independencia ni autoridad para cumplir con lo que le compete, que es velar por el cumplimiento de las leyes y los reglamentos internos.
Trabajo es lo que hay y reformas que hay que abordar de inmediato. Hay un dolor clavado en el alma de los policías de Colombia que se sienten no solo irrespetados, agraviados, sino abandonados por una parte de la ciudadanía y de un sector de su dirigencia. Los uniformados deben recibir respeto y acatamiento de los ciudadanos, ganados por su buen actuar y su acatamiento a la ley y a los derechos humanos. Los agentes deben ofrecer garantías de que actúan conforme a las normas y a sus reglamentos. Los ciudadanos deben verlos como garantes de esos derechos. Hay un pacto de confianza mutua, con derechos y obligaciones recíprocos, que hay que comenzar a recomponer