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Catalunya vive un momento grave. Han sido condenadas entre 9 y 13 años de prisión unas personas que actuaron siempre con sentido escrupulosamente democrático y absolutamente pacífico. Y condenarlas es un insulto a la democracia y un menosprecio a la sociedad catalana.
Todas ellas son o bien líderes sociales o bien personas que han ejercido su compromiso político, que cumplieron aquello que muchos ciudadanos desean: la petición de independencia como ejercicio democrático con el apoyo de una mayoría parlamentaria.
Esto ha ido acompañado por una acelerada involución democrática y represiva que ha afectado a centenares de catalanes. Hacer un referéndum no es ningún delito. El derecho a la autodeterminación es un derecho de las naciones reconocido en tratados internacionales suscritos por el Reino de España.
Exigimos el fin de la represión y la libertad de presos políticos, exiliados, incluida la amnistía como punto final para todas las personas represaliadas. La amenaza, la prisión y el castigo no son la solución de nada. El uso del código penal contra la voluntad popular es una herencia de la dictadura, no un rasgo propio de la democracia. La negativa del Estado a iniciar un diálogo para una solución democrática del conflicto político no nos detendrá en la determinación de construir un Estado independiente para nuestro país.
