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Con la emergencia por la pandemia del covid-19 era previsible una crisis en los centros de reclusión y la necesidad de proteger a la población carcelaria porque en caso de un contagio, la vida de todos los internos se pone en riesgo, por las condiciones en que se encuentran, especialmente el hacinamiento superior al 52 por ciento.
Lo que se registró el pasado 21 de marzo con el intento de fuga masiva, en el que murieron 25 penados, 83 resultaron heridos y 7 miembros del Inpec sufrieron lesiones, es consecuencia de todas las falencias del sistema penitenciario, del estado de cosas inconstitucional que aún no se supera.
El país cuenta con 132 establecimientos penitenciarios con capacidad para 80.928 internos, pero hay 123.427, una sobrepoblación cercana al 43 %. La solución más fácil sería la construcción de más cárceles o adecuación de cupos en las ya existentes, sin embargo no hay recursos suficientes.
No puede haber temor frente a una eventual salida masiva de las cárceles, solo lo harán quienes cumplan los requisitos para obtener la libertad o la reclusión domiciliaria. Preocupan los jueces de ejecución de penas, porque no cuentan con el personal suficiente para atender todas las solicitudes de los internos.
