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El paro, la protesta, tiene un costo ínfimo, pero un valor político enorme. El ejercicio del derecho fundamental a reunirse, a manifestar el descontento, si bloquea vías, demora el transporte, desvía tiempo de usos productivos y del ocio, y, por tanto, cuesta. Pero la movilización ciudadana es productiva: empuja reformas, demanda cambios y resquebraja la posición dominante de muchos grupos de interés. Sin protesta ciudadana, la democracia y el sistema económico estaría a merced de intereses casi sin control. El vandalismo tiene un costo enorme sobre la propiedad y desnaturaliza la protesta, la deslegitima. Además de la destrucción de capital y las pérdidas individuales que supone el robo, el vandalismo es la sordina al descontento y a los intereses comunes de quienes protestan sin una agenda sectorial o de grupo. Mismo efecto produce la captura de la agenda de la protesta por grupúsculos políticos: son los saboteadores del paro.
El toque de queda, como el vivido en Cali y Bogotá, sí tiene un costo enorme. Aun cuando necesario para apagar el vandalismo, interrumpe el sistema productivo, hace que cese la generación de valor, destruye la confianza en el otro, el vecino, y, lo más grave, impide el trabajo de los informales y más pobres, cuyo mínimo bienestar depende sólo de la generación de un ingreso diario. Protesta, sí, pero sin paro. Seguridad sí, protegiendo la protesta del vandalismo y mejor sin toque de queda.
