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El paro nacional del pasado jueves convocó a diferentes sectores de la sociedad que marcharon por diferentes causas, en una manifestación social que al comenzar fue pacífica y derivó después en violencia; un inesperado cacerolazo reaccionó contra el vandalismo y después sumó las protestas de quienes no habían salido a marchar. El día siguiente Bogotá vivió otra terrible jornada con consecuencias en el transporte y la actividad laboral de muchos ciudadanos. El Alcalde advirtió que seguirían días difíciles.
Además de las implicaciones políticas y sociales, la protesta tiene costos económicos que dependen de su intensidad y duración. Como se ha visto en Chile, con un país paralizado por un mes, la economía está siendo empujada a la recesión. El impacto sobre la economía se da por varias vías. Un primer efecto, es la reducción de la actividad en las empresas y entidades cuyos trabajadores atendieron la invitación al paro. Para darle una dimensión, el PIB diario del país es de $3,07 billones que sería un techo de los costos del paro si la economía hubiera frenado en seco, lo que resulta improbable.
Habría que tener en cuenta que la economía de Bogotá, con una participación de 25 % en el PIB nacional, funcionó a media marcha los dos días y además perdió la millonaria movida nocturna y los eventos sociales capitalinos por el decreto de toque de queda. Sumando los costos de otras ciudades, se tendría un costo total aproximado de un billón de pesos, con lo que se ha visto hasta el viernes.
El comercio es siempre el gran afectado, pierde a sus clientes en medio de las marchas y deja de vender sus mercancías. De hecho, Fenalco en un primer balance, que no tiene en cuenta lo acaecido el viernes en Bogotá, estimó perdidas para los comerciantes por 150 mil millones de pesos sin contar los daños materiales. También fueron afectados muchos emprendedores y pequeños industriales a quienes no les llegaron los suministros o los trabajadores.
A lo anterior se agrega que en algunas ciudades grupos vandálicos quemaron buses y tiendas, saquearon supermercados, destruyeron oficinas públicas y privadas, y la infraestructura del transporte masivo. Hay que reparar esos daños. Las autoridades bogotanas están hablando de 20 mil millones de pesos para reconstruir la infraestructura destruida que, si no es cubierta por seguros, será a cargo del fisco. En todo caso, las aseguradoras deberán girar fondos para los afectados que estén cubiertos contra los desmanes.
En contraste con lo anterior, no se vieron movimientos destacables en los mercados financieros. El dólar, el indicador por excelencia de cómo van las cosas y cómo nos ven los inversionistas, cerró incluso a la baja en esos dos días. El día del paro Standard & Poor’s ratificó su confianza en el país manteniendo su calificación. La percepción internacional del riesgo de Colombia se puede mantener dependiendo de cómo se gestione esta crisis.
Hay un aspecto que hay tener en cuenta en la evaluación de los costos de la protesta, la sensación de incertidumbre que queda en el ambiente. Es claro que el paro generó un nuevo estado de cosas en el país. Todavía no se sabe en que terminará todo y que puede pasar con las reformas urgentes que requiere la economía. En medio de este confuso panorama, se hará la crucial negociación de salario mínimo, que dará una primera señal de las posibilidades del diálogo social sin afectar el empleo.