Las conversaciones de paz entre el Gobierno colombiano y la guerrilla de las Farc han tenido, como lo reitera una y otra vez el presidente Juan Manuel Santos, el apoyo internacional de países, instituciones multilaterales, sectores académicos y organizaciones no gubernamentales. Ello ha dado el impulso político necesario al proceso.
Sin embargo, si bien no hay que temer falta de apoyo de naciones y gobiernos, pues ninguno va a oponerse al intento de una paz negociada, sí se están abriendo grietas en uno de los puntos más sensibles de los acuerdos de paz: la forma de aplicar justicia.
Cada vez se oyen más interrogantes y no pocos cuestionamientos. No por ser una justicia transicional, pues esta ha sido asumida de forma más bien pragmática como mal menor para países poco desarrollados institucionalmente, donde el Estado no da más de sí y tiene que resignarse a negociar cómo aplica su precaria justicia. Los cuestionamientos son si esta justicia transicional responde o no a los estándares que la comunidad internacional perfeccionó con la creación de la Corte Penal Internacional, con las normas del Estatuto de Roma.
En Colombia ha habido un intenso debate, como no podía ser menos. Lamentablemente, a pesar de haber argumentación válida y ejercicios de aporte y crítica, casi siempre la controversia se reduce a la personalización, y se descalifican interrogantes muy pertinentes por el solo hecho de que sea determinado funcionario quien las haga.
Puede, entonces, que al venir las críticas desde el exterior, el Gobierno les haga más caso. Y es verdad que hay reflexiones más ponderadas hechas desde instancias internacionales que llegan despojadas del apasionamiento que se vive en Colombia.
En plena visita del presidente Santos a Estados Unidos, decía una nota editorial de The New York Times que el acuerdo entre el Gobierno colombiano y las Farc en materia de justicia es “deliberadamente vago”, y predijo que si los graves crímenes de las Farc no tienen castigo efectivo, las perspectivas de paz estarán en grave riesgo.
El mismo secretario de Estado norteamericano, John Kerry, lo dijo con el presidente colombiano a su lado: debe haber justicia efectiva, “significativa”, por los graves crímenes cometidos.
Más explícitos han sido entidades como Human Rights Watch y Amnistía Internacional (AI). Para el representante de la primera, José Miguel Vivanco, habrá una “piñata de la impunidad”. Para AI, en el acuerdo hay “imprecisas definiciones y posibles amnistías” que contravienen el derecho internacional.
La semana pasada, una intervención en la OEA del fiscal adjunto de la Corte Penal Internacional, James Stewart, generó nerviosismo en el Gobierno. El ministro de Justicia, Yesid Reyes, se apresuró a decir que el jurista no dijo lo que todo el mundo le oyó. Y lo que afirmó el fiscal Stewart es que el Estatuto de Roma exige responsabilidades y sanción efectiva frente a crímenes contra el Estatuto de Roma.
En este espacio hemos insistido en que es necesario que los ciudadanos colombianos estén plenamente informados de qué es lo que dispone el acuerdo de justicia transicional con las Farc. Que esté plenamente consciente de los enormes beneficios concedidos y de la renuncia evidente a la aplicación de justicia efectiva, para que el desconcierto no se manifieste ya cuando no haya nada qué hacer.
