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Los chats y correos electrónicos de alias “Calarcá” y su combo dejan al país con una pregunta atravesada entre pecho y espalda: ¿al servicio de quién está el gobierno del presidente Gustavo Petro? ¿De la Constitución y de la Ley, como manda el juramento presidencial, o está siendo instrumento –de manera consciente o no– de intereses que operan por fuera del Estado de Derecho?
Por ahora, el país solo ha visto unos primeros brochazos del escándalo. La Dijín ha entregado seis informes a la Fiscalía sobre el contenido de los dispositivos incautados. El fiscal, sin embargo, parece no haber tenido ni el tiempo ni la voluntad de examinarlos. Lo que se reveló gracias a la Unidad Investigativa de Noticias Caracol podría no ser la punta del iceberg, sino de una montaña de pruebas ignoradas durante más de un año.
Estas son siete razones por las que el caso “Calarcá” representa una amenaza directa al Estado de Derecho y a la legitimidad institucional en Colombia.
Primero: La posible infiltración de la cúpula de seguridad del gobierno de Gustavo Petro. Si la denuncia se confirma, estamos hablando de dos piezas claves del Estado infiltradas por la banda de alias “Calarcá”: el jefe de personal del Ejército, quien decide para dónde se mandan a los coroneles activos. Y el jefe de inteligencia de la DNI, que tiene asiento en la Junta de Inteligencia Conjunta (JIC), donde directores de inteligencia de las fuerzas se reúnen para intercambiar información estratégica.
Segundo: La indulgencia despiadada de la ‘paz total’. El escándalo dejó en evidencia la complacencia del gobierno de Gustavo Petro con los grupos criminales. Alias “Calarcá” fue capturado en julio del 2024 en una caravana de camionetas blindadas de la Unidad Nacional de Protección cerca de Anorí (Antioquia), se negó a bajarse, llegó salvoconducto para él y sus secuaces, por ser “gestores de paz”, y los militares tuvieron que dejarlos en libertad.
Tres meses después el brigadier general que lideró este operativo fue sacado del Ejército, y desde entonces, la banda de “Calarcá”, ha cometido crímenes atroces: asesinó a siete militares en Guaviare, incineró un bus con un sargento adentro en Caquetá y masacró a 13 policías en Amalfi.
Es profundamente indignante pensar que el candidato Miguel Uribe, un padre de familia respetuoso de la ley, fue asesinado en Bogotá con un muy pobre esquema de protección –prácticamente tenía un solo escolta–; mientras que esta banda de delincuentes se salvó de que los detuvieran gracias a estar protegidos por tres camionetas blindadas de alta gama del Estado.
Tercero: Crece el crimen. La banda de “Calarcá” ha crecido 16% en solo siete meses (2.800 miembros). Y unos datos que valdría la pena evaluar en más detalle para ver cuál es la explicación: en Antioquia, solo se registran 21 capturas y 12 combates contra las disidencias, entre 2024 y 2025, mientras que contra el Clan del Golfo las cifras son 633 capturas y 90 combates. Si ambos hacen parte de la llamada ´paz total’ del gobierno Petro ¿por qué a las disidencias se les trata con guantes de seda y al otro, como debería ser, con guerra abierta?
Cuarto. La parálisis de los entes de investigación. La Fiscalía y la Dijín han tenido en sus manos las pruebas de esta infiltración por más de 18 meses. Lo que debería ser una muralla institucional contra la criminalidad, se ha convertido en un muro de indiferencia. ¿Complicidad, negligencia o miedo?
Quinto. El escándalo dejó al descubierto la precariedad de los nombramientos de Gustavo Petro: uno de los máximos cargos de inteligencia del Estado, se lo entregó a un profesor de Educación Física sin experiencia en la materia, y cuya única credencial fue, según él mismo contó, haberse acercado seis meses antes a funcionarios de la DNI en calidad de informante. Convertir la inteligencia estatal en territorio de improvisación es un lujo que un país como Colombia no puede darse.
Sexto. El doble rasero de Petro. Al mandatario no le tembló la mano para reintegrar al general Juan Miguel Huertas —salpicado por el escándalo—, pese a haber sido retirado por el gobierno anterior e investigado por su presunta relación con falsos positivos. ¿Qué pasó con la coherencia de quien hizo del caso de los falsos positivos un estandarte político y moral?
Séptimo: La teoría conspirativa como cortina de humo. Llama sobre todo la atención que el presidente Gustavo Petro no intente entender el escándalo, revisar las pruebas y ver si en efecto su gobierno está infiltrado por las bandas criminales. Por el contrario, su primera respuesta fue una teoría delirante: atribuyó la revelación a un montaje de la CIA. ¿En serio? ¿La CIA fabricó los dispositivos de “Calarcá”, logró que la Fiscalía los ocultara y luego convenció a Noticias Caracol de publicarlos?
Este intento de distraer la atención desacreditando al periodismo libre refuerza la pregunta que ya muchos ciudadanos se hacen: ¿de qué lado está el presidente?