Pico y Placa Medellín
viernes
2 y 8
2 y 8
Se ha dicho que el nuevo Congreso puede convertirse en el más determinante de la historia reciente de Colombia. Por una razón fundamental: si Iván Cepeda llega a ser elegido presidente y decide convocar una Asamblea Constituyente —como ya lo ha anunciado— el Congreso de la República jugaría un papel crucial: o se vuelve facilitador de ese cambio extremo para el país o se convierte en el muro de contención.
¿Está dispuesto el nuevo Congreso a darle el aval a una Constituyente? Las cuentas, lamentablemente, parecen indicar que sí. Vale la pena hacer el análisis sobre la composición del nuevo Senado, porque históricamente la Cámara de Representantes se ha mostrado más proclive a aprobar las iniciativas del Gobierno de turno.
Las 102 curules quedaron repartidas de la siguiente manera: el petrismo, representado en el Pacto Histórico, obtuvo 25 senadores, a los que se suman dos más provenientes de las circunscripciones indígenas y de negritudes. Por su parte, la oposición está representada por el Centro Democrático con 17 senadores, Salvación Nacional con 3 y eventualmente Cambio Radical con 6. En términos simples, las fuerzas quedarían prácticamente equilibradas: 27 del lado del petrismo frente a 26 de la oposición.
Los otros 50 senadores se distribuyen en cinco partidos: Liberal, Conservador, Alianza por Colombia (antes Alianza Verde), La U y la coalición de Mira, Nuevo Liberalismo y Dignidad. EL COLOMBIANO hizo un ejercicio de revisar cómo votaron durante el gobierno de Gustavo Petro y encontró que dentro de cada colectividad se distinguen tres grupos claros: los senadores petristas —quienes por convicción o por incentivos políticos respaldaron sistemáticamente los proyectos del Gobierno—, los de oposición y un grupo reducido que podríamos llamar independientes, a veces votan con Petro y a veces en contra.
Al sumar unos y otros, el balance arroja 47 petristas, 41 opositores y 14 ‘independientes’. En otras palabras, si Iván Cepeda llega a la Presidencia, necesitaría convencer apenas a cinco senadores de ese grupo de 14 para alcanzar los 52 votos: el número mágico que permitiría aprobar la convocatoria a una Constituyente capaz de cambiar la historia institucional del país.
El resultado de las elecciones del 8 de marzo dejó, en efecto, un escenario más favorable para el proyecto político del petrismo en el Congreso que el que enfrentó Gustavo Petro al inicio de su mandato. Por eso, más que nunca, la elección presidencial adquiere un carácter decisivo.
El problema de una Constituyente hoy en Colombia radica en el espíritu que parece inspirarla. Según lo que ha trascendido, no se trataría de un proceso orientado a construir una Carta Política con el talante de la Constitución de 1991, que apostó por profundizar la democracia, honrar las libertades y permitir la participación de la empresa privada en la prestación de servicios públicos.
Han circulado borradores que plantean, entre otras medidas, la creación de una nueva corte que dejaría sin dientes a la Corte Constitucional. Pero eso podría ser apenas el comienzo.
La historia ofrece un patrón claro: los procesos constituyentes que transforman radicalmente un régimen político, y son propios de las nuevas dictaduras, suelen seguir tres etapas. Primero, se convoca la Constituyente como respuesta a una supuesta crisis institucional y se presenta como un mecanismo democrático para superar el agotamiento del sistema existente. Así lo han hecho el presidente Gustavo Petro y su ministro de Trabajo, quienes justifican el apoyo que le han dado al comité de recolección de firmas para una Constituyente en un supuesto “bloqueo institucional”.
El segundo paso es definir cómo se integrará la Asamblea. En el caso de Venezuela, el gobierno de Hugo Chávez diseñó una composición basada en sectores sociales y circunscripciones que favorecían claramente al oficialismo. Muchos partidos de oposición decidieron no participar, y diversas organizaciones y gobiernos extranjeros cuestionaron la transparencia del proceso. Incluso la empresa encargada de las máquinas de votación aseguró que las cifras oficiales de participación habían sido manipuladas. En ese contexto, no deja de resultar inquietante que Gustavo Petro haya dedicado las últimas semanas a desacreditar el sistema electoral colombiano.
El tercer paso suele ser decisivo. Una vez instalada, la Constituyente se autodeclara con más poder que las instituciones existentes, lo que le permite intervenir o reorganizar los órganos del Estado mientras redacta la nueva carta política.
El desenlace de ese patrón suele ser la aprobación de una nueva Constitución que concentra amplias facultades en el presidente de turno. Ese fue el camino seguido por la Asamblea Constituyente de 1999 impulsada por Hugo Chávez: se declaró plenipotenciaria, es decir, con autoridad por encima de los poderes existentes; en agosto de ese mismo año acabó con el Congreso y con la Corte Suprema, y más adelante permitió la reelección indefinida del presidente.
Si se observa lo ocurrido en Colombia durante los últimos meses, algunos elementos empiezan a encajar en ese mismo guión. El Gobierno promueve comités de firmas para impulsar la Constituyente; el presidente Petro ha sembrado dudas sobre el sistema electoral sin presentar pruebas concluyentes; y distintas entidades han impulsado organizaciones sociales, asociaciones campesinas y juntas de acción comunal mientras el debate sobre la Constituyente se instala en universidades y espacios comunitarios, como si se estuviera preparando a los sectores que serían protagonistas de esa eventual Asamblea.
Es el llamado “poder constituyente” del que tanto ha hablado Gustavo Petro. “Poder constituyente, no hay otro camino: es la nueva fase de la lucha popular, es la nueva fase de este Gobierno del cambio”, afirmó con claridad en septiembre pasado, y lo reiteró a comienzos de este año.