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El anuncio el pasado martes por parte de la ministra de Trabajo de aplazar para el año entrante la presentación de la reforma pensional cambia la agenda del gobierno en este tema. El argumento para aplazar el trámite del proyecto es la necesidad de concertarlo con los diferentes estamentos de la sociedad (sindicatos, empresarios, gremios). También informó la ministra que el proyecto no contemplaría un aumento de la edad de pensión.
El aplazamiento puede incomodar porque la reforma es urgente por varias razones. Primero está la necesidad de aliviar el peso que sobre las finanzas públicas tiene el actual sistema pensional, porque los aportes que hacen los afiliados a este último no alcanzan para cubrir las mesadas de los pensionados. Hay también un aspecto fundamental de equidad, porque existen pensiones desmesuradas, con subsidios desproporcionados, al tiempo que hay trabajadores que no pueden pensionarse. Lo que lleva a considerar la reducida cobertura del sistema que hace que solo uno de cada tres adultos mayores tenga una pensión. Todos estos problemas se están agravando a medida que la población colombiana envejece.
Puede entenderse que el Gobierno quiera tomarse un tiempo para tener un muy buen proyecto de reforma, que además sea socializado apropiadamente antes de presentarlo al Congreso. En teoría eso puede mejorar las posibilidades de éxito en el trámite. Sin embargo, el riesgo que se corre con esa estrategia está en la dinámica que pueda tener la relación del Gobierno con el Congreso, con lo cual el alcance de la reforma puede verse limitado por el aplazamiento.
Se sabe ya de algunas propuestas que se dieron a conocer en el pasado y que seguramente volverán a ventilarse en esta ocasión. Fedesarrollo ha planteado la necesidad de integración entre los dos regímenes existentes, el de prima media y el de capitalización, con la cual se cambiaría el actual esquema de competencia entre ellos por una lógica de complementariedad. Asofondos, el gremio de los fondos privados propone la creación de un único sistema pensional de capitalización y el fortalecimiento del principio de solidaridad, sin tocar las edades de pensión.
En relación con la modificación de la edad de pensión, al Gobierno no le conviene una postura tan inflexible. Elevar la edad de pensión puede precisamente contribuir a hacer sostenible el nuevo sistema, sobre todo teniendo en cuenta que la expectativa de vida de los colombianos está aumentando. Si no se sube la edad de pensión tendría que elevarse la tasa de cotización o cambiar la tasa de reemplazo. Al respecto, existe la posibilidad de hacer estas modificaciones de forma gradual hasta llegar al nivel que se ajuste a las necesidades del país.
Queda por considerar en la discusión el tema de la unificación de la edad de pensión de hombres y mujeres, que han propuesto varios especialistas, teniendo en cuenta que estas últimas tienen una mayor expectativa de vida. La reforma también debería ocuparse de fortalecer los mecanismos de solidaridad para los adultos mayores de 65 años teniendo en cuenta que el 12 % de estos en condiciones de pobreza no reciben subsidio alguno para la vejez.
Por último, teniendo en cuenta lo sensible del tema, es esencial comunicar con claridad las propuestas que vayan surgiendo y empezar a trabajar en la concertación con los estamentos sociales. La necesidad de que los colombianos tengan una pensión digna lo amerita.