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Editorial

Balance de la Asamblea de la OEA

Ojalá pudieran los Estados democráticos de América deliberar sobre los grandes temas contemporáneos. Pero situaciones críticas derivadas de dictaduras no admiten eludir su tratamiento.
Balance de la Asamblea de la OEA
Publicado

Terminó la celebración en Medellín de la 49 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA). Sea lo primero destacar el éxito en la organización, el compromiso de la ciudad y sus autoridades para el éxito de la cita diplomática continental, gracias al trabajo conjunto de los gobiernos locales y el nacional.

En entrevista con este diario, previa al inicio de la Asamblea (edición del 25/06/2019), el secretario General de la OEA, Luis Almagro, reconocía que “hace cuatro años la agenda de América pasaba por otros organismos como la Celac y Unasur. Nuestro objetivo es que volviera la OEA”.

Y la OEA, ciertamente, ha vuelto. Eso se debe, en principalísimo lugar, a la decisión personal del mismo Almagro de asumir su rol de secretario general como impulsor de pronunciamientos a favor de la democracia y de la vigencia de las libertades públicas, sin tibieza ni dudas. Decisión que pasa por hacer presencia personal e institucional allí donde poblaciones del continente sufren los rigores de dictaduras sin ningún sentido de humanidad. Ha tenido la suerte de contar con el respaldo de varios de los gobiernos de los Estados con mayor peso político en el continente. Y eso ha permitido que se forme un muro de contención a la potentísima y por muchos años eficaz retórica tercermundista inspirada por el castrismo primero, y luego por el pernicioso discurso “bolivariano” de Hugo Chávez y sus herederos.

Colombia, como país anfitrión, propuso que el tema central de la cumbre fuera el de “Innovación para el multilateralismo”. No obstante, tres grandes asuntos gravitaron de forma ineludible en todas las reuniones: la dictadura venezolana y sus millones de exiliados (políticos y económicos); la crisis política, social y de derechos humanos en Nicaragua por causa del régimen de Daniel Ortega; y la migración centroamericana hacia Estados Unidos.

Decía el secretario general Almagro, en la entrevista citada al comienzo, que “el pueblo venezolano tiene derecho a ser protegido y no puede ser abandonado por la comunidad internacional”. Es una posición acorde con los tiempos y que choca con la visión tergiversada del principio de no intervención del cual se cuelgan los partidarios de los regímenes autoritarios o dictatoriales que no admiten que se les recuerde -ni mucho menos que se les demande- el deber de respeto a los derechos humanos y las garantías ciudadanas.

El presidente Iván Duque hizo una interesante explicación del concepto de “dictacracias” que, mediante el uso torticero de mecanismos electorales, terminan consolidando los más brutales regímenes de opresión contra todos sus ciudadanos. Las posiciones verticales del presidente y del canciller Trujillo contra las dictaduras, y clamando por la corresponsabilidad en la solidaridad para la atención a los migrantes de Venezuela, deberían encontrar eco en los gobiernos del continente.

Aunque se aprobó una resolución sobre Venezuela y Nicaragua, la primera sigue generando divisiones. Si bien Estados democráticos como Uruguay tienen el derecho de salvar el voto e incluso pararse de las discusiones, es deplorable que se hubieran retirado del espacio de deliberación política-diplomática donde, sea cual sea la posición que defiendan, no iban a encontrar cortapisas ni censuras para exponer sus posiciones.

Son entendibles las quejas sobre la omnipresencia del tema venezolano y del régimen dictatorial de Maduro. No obstante, en una Asamblea General no se entendería que los Estados democráticos miraran para otro lado, cuando hay millones de personas que no pueden vivir en su país ni regresar a él por culpa exclusiva de una estructura corrupta que por desgracia no tiene fecha cierta de terminación.

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