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Los gobiernos del mundo entero saben bien la realidad del régimen dictatorial que en Venezuela tiene acaparadas todas las instancias del poder, y conocen los padecimientos y acuciantes necesidades de la gran mayoría de la población que no ha podido huir del país. Sea que tengan todavía acreditadas misiones diplomáticas cuyos embajadores informan la realidad, sea que escuchen los testimonios de los exiliados por todo el mundo, o que simplemente sigan las noticias de medios de comunicación creíbles, no hay forma posible de que algún Gobierno sostenga que no conoce lo que allí pasa, uno de los derrumbes sociopolíticos, económicos, éticos y de desarrollo humano más dramáticos de la historia contemporánea.
Evidentemente, habrá países cuyos Gobiernos no se sientan concernidos, sea por lejanía geográfica, ausencia de intereses económicos, falta de afinidad cultural. Unos que simpatizan abiertamente con el régimen chavista o que lo patrocinan, como Cuba, Rusia o Irán. Otros que le prestan asistencia y recursos a cambio de petróleo y demás bienes, como China. Y los que lo apoyan con su voto en organismos internacionales, como los países caribeños. O los que terminan ayudándoles con el lema de “no intervención”, como México o la Argentina de los Fernández, o más recientemente, el gobierno de coalición en España con fuerte presencia de chavistas confesos y militantes.
En cuanto a los organismos internacionales y organizaciones supraestatales, solo la Unión Europea ha logrado, en algunas ocasiones, adoptar posiciones puntuales, siempre adheridas a la defensa del sistema democrático pero sin lograr consenso para imponer sanciones económicas o políticas a la dictadura o a sus cabecillas. La Onu no se pronuncia sobre la ilegitimidad del gobierno –menos aún con un Consejo de Seguridad donde Rusia y China tienen poder de veto–, si bien su Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha producido informes contundentes sobre las evidencias de violaciones continuadas y sistemáticas a los derechos humanos y garantías básicas de sus ciudadanos. La OEA, por su parte, a pesar del empeño y coraje de su actual secretario General, Luis Almagro, nunca ha podido lograr una votación mayoritaria de condena a la dictadura –gobiernos caribeños receptores de petróleo y recursos la atajan–, ni siquiera la de aplicación de la Carta Democrática.
Tan pronto posesionado el presidente Iván Duque, en agosto de 2018, Colombia ha liderado la posición mayoritaria, a través del Grupo de Lima, con el acompañamiento de Perú, Chile, Ecuador y Paraguay, de la continuación del cerco diplomático y la permanente exigencia de convocatoria a elecciones presidenciales y legislativas transparentes, con observadores internacionales y un poder electoral independiente. El gran interrogante ahora es la política que adoptará el entrante gobierno demócrata de Estados Unidos, que hasta ahora no ha desgranado su estrategia. Las sanciones impuestas por la administración Trump y sus Departamentos de Estado y del Tesoro han sido las medidas hasta ahora más eficaces para golpear al régimen de Maduro pero, al igual que el cerco diplomático, no han sido suficientes.
Quienes, echando mano de una concepción pragmática de las relaciones internacionales, propugnan por un diálogo directo con Maduro para encontrar vías de salida, no atinan a explicar qué vendría luego, ni cuál sería el escenario posterior al solo objetivo de sentarse con el dictador. Si algo han mostrado Maduro y su camarilla es su instrumentalización de las mesas de diálogo para afianzarse y lograr tiempo, el mismo que su población desesperada ve extenderse hasta el infinito en medio de su infierno cotidiano