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Una de las consecuencias de la pandemia del covid-19 ha sido el obligado cambio de varios ejes de la legislación laboral. Los decretos legislativos expedidos por el Ejecutivo quieren ayudar a empresarios y trabajadores a superar la crisis económica producto de la detención súbita de la actividad productiva por el confinamiento. La normativa colombiana, como muchas otras en el mundo, no estaba preparada para una situación inédita como la que está viviendo el país y era necesario adecuarla. Son, por definición, modificaciones transitorias –salvo que el Congreso las apruebe como legislación permanente– que afectan la relación entre empleados y empleadores, aunque la gravedad de la situación las justificaba, al amparo de las leyes de emergencia económica y social.
La pandemia estremeció al mercado laboral. Para las empresas, salvo algunas excepciones, el confinamiento implicó detener la producción de bienes y servicios para proteger la vida y la salud de sus trabajadores. Para muchas de ellas la falta de ingresos, pero con obligaciones imperiosas de pagos de nómina y financieras, hizo que la situación se volviera insostenible y están enfrentadas a la quiebra.
En su intención de preservar el empleo y garantizar los derechos de los trabajadores el Gobierno combinó el instrumento de subsidiar el pago de nómina y de primas a las empresas en dificultades, con normas que posibilitaron diferir el pago de la prima de junio por medio de un acuerdo de buena fe entre empleador y trabajador, el trabajo en casa, el teletrabajo, la jornada laboral flexible, las vacaciones anuales anticipadas (que no requieren que el trabajador ya haya causado el derecho), los permisos remunerados y el salario sin prestación de servicios.
Aún a pesar de las ayudas gubernamentales y las nuevas normas, la magnitud del choque sobre la economía ha sido de tal tamaño que, en abril, el mes en el cual las restricciones fueron más estrictas, se perdieron 5,4 millones de empleos. Sin las acciones gubernamentales seguramente las cifras serían peores, pero esa es la realidad de las limitaciones presupuestales y del techo que tiene el Gobierno para hacer esfuerzos mayores, por ejemplo, con un verdadero seguro de desempleo.
Con una tasa de desocupación cercana al 20 %, el seguro sería un mecanismo útil para aliviar la situación de los trabajadores en esa condición. El que existe en Colombia a cargo de las cajas de compensación es claramente insuficiente. El Gobierno ha hecho un esfuerzo para modificar el mecanismo de protección al cesante para llevarlo de cubrir de 91 mil a 150 mil subsidios al desempleo, una cobertura muy reducida para el tamaño del problema.
La apertura gradual de la economía trae otras urgencias para las que debe adecuarse la legislación laboral. Es factible que muchas actividades continúen haciéndose desde los hogares de los trabajadores. El trabajo a distancia y el teletrabajo han sido un recurso excepcional durante el confinamiento, que muchas empresas van a querer utilizar de forma permanente. El balance del experimento natural que propició el confinamiento muestra que hay que regular ese tipo de trabajo y ponerlo a punto para que aumente la productividad, en vez de menoscabarla.
Eso lleva a otra reflexión. Existe la posibilidad de que al salir de la crisis la legislación laboral saldrá hecha una colcha de retazos. Hay que evitarlo. Se requiere, por el contrario, una reforma laboral concertada que asimile las enseñanzas del confinamiento, y posibilite crear empleo formal y apuntalar la recuperación, el desafío que hoy tiene el país para tener una nueva normalidad laboral. Convocar a los expertos puede ser una buena idea para lograrla.