Pico y Placa Medellín
viernes
0 y 6
0 y 6
Las instituciones colombianas, con el Gobierno a la cabeza, y junto a él, las entidades de salud y la profesión médica y de protección social en todos sus niveles, llevan semanas no solo preparándose sino adoptando toda una serie de medidas normativas, financieras y asistenciales, para enfrentar y atender la emergencia sobrevenida con el virus del covid-19. Una calamidad de magnitud imprevista que ha pulverizado los planes y proyectos de los poderes públicos, las empresas, familias y personas que deberán hacer toda una reasignación de presupuestos, buscar fuentes de recursos y reconstruir de arriba a abajo los objetivos de gasto e inversión.
Los gobiernos elegidos democráticamente en las urnas llegan con sus programas electorales, sus planes nacionales de desarrollo y presupuesto de inversiones y muchas veces han de modificarlos radicalmente por circunstancias sobrevinientes, sean crisis económicas domésticas, o internacionales, colapsos financieros del sistema de crédito o surgimiento de fenómenos político-sociológicos que años o meses antes apenas se veían asomar.
De estos últimos, al Gobierno de Iván Duque le ha tocado enfrentar uno sin antecedentes en el país: la ola migratoria procedente de Venezuela, de millones de personas que huyen de un régimen dictatorial que ha asolado a toda una nación a punta de represión, corrupción, mal gobierno, empobrecimiento generalizado, arrasamiento del sistema productivo e implantación de un sistema ideológico cuyo fin último es el totalitarismo y la instrumentalización del ser humano para despojarlo de sus derechos, libertades y autonomía.
Esa ola se puede recrudecer en las semanas por venir. El régimen venezolano miente y manipula sistemáticamente, y no va a ser distinto con el tratamiento informativo sobre las consecuencias del coronavirus entre su población. Medios noticiosos de la mayor credibilidad reportan testimonios de médicos y enfermeras –bajo protección de identidad, por razones obvias– sobre la escasez absoluta de elementos básicos de atención y de protección, que incluye falta de jabón y agua.
En Cúcuta, los hospitales llevan meses atendiendo a una enorme población flotante de venezolanos, sobre todo partos y patologías derivadas de desnutrición, de miles de personas que no encuentran atención mínima en el destruido sistema sanitario que el chavismo deja como herencia. Lo mismo ocurrirá con los casos de covid-19. Las fronteras podrán estar cerradas oficialmente pero una larga línea porosa de 2.219 kilómetros no evitará, ni destinando íntegramente allí a toda la Fuerza Pública, el incesante paso de seres humanos desesperados buscando asistencia médica para sobrevivir.
También hay riesgos en la frontera sur, habida cuenta de la expansión del coronavirus en Ecuador, con dramáticas circunstancias en Guayaquil. Aunque allí –igual que en Colombia y Venezuela– se ha decretado el confinamiento obligatorio, los índices de contagio y mortalidad superan la media de todos los países latinoamericanos. No hay que olvidar que Ecuador fue destino de cientos de miles de colombianos desplazados por la violencia. Muchos de ellos podrían querer retornar a Colombia si el sistema de salud de Ecuador no da abasto.
Con Ecuador hay posibilidades de interlocución y coordinación intergubernamental, pues hay un gobierno legítimo y democrático. Frente a Venezuela, el gobierno colombiano se ha visto frente a un enorme dilema, pues el poder de facto lo tiene un régimen dictatorial que ni nuestro país ni decenas de Estados reconocen, pero que es el que controla los resortes del poder y a las fuerzas armadas. La decisión del presidente Duque, que parece sensata, es atender los asuntos derivados de la crisis del coronavirus a través de la intermediación de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la cual, no obstante, no tiene los alcances ni las herramientas para controlar ni gestionar el nuevo éxodo al cual podría verse enfrentado nuestro país en los próximos días.