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En otra de sus recurrentes intervenciones por radio y televisión, con transmisión forzosa en cadena nacional, sentenciaba el pasado jueves el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, refiriéndose a un opositor político: “va a ser procesado por la justicia venezolana para que responda por todos los delitos cometidos contra la paz del país, la seguridad y la Constitución”.
El “autor” de delitos tan graves contra la estabilidad nacional era, en esta ocasión, el alcalde metropolitano de Caracas, ciudad capital, Antonio Ledezma Díaz, detenido en su despacho por personal del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin). Los funcionarios próximos al alcalde denunciaron que Ledezma fue sacado a la fuerza sin orden judicial, y sin que los agentes se identificaran.
Días antes, Maduro y el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, considerado el número dos del régimen y quien tiene el control del aparato militar chavista, habían protagonizado la puesta en escena del enésimo anuncio de intento de golpe de Estado, esta vez dirigido desde un supuesto eje Miami-Bogotá-Madrid.
Pero el verdadero origen inmediato de la detención arbitraria del alcalde Ledezma fue el manifiesto conjunto que el 11 de febrero firmó junto con el también encarcelado Leopoldo López, y con la exdiputada María Corina Machado (cuya suerte todo el mundo teme). El documento se denominó Acuerdo Nacional para la Transición, y allí se decían cosas como esta, que al régimen le parecieron delictivas:
“Es la obligación de todo demócrata ayudar a resolver la actual crisis, defender la libertad, evitar que el ya ineludible derrumbe del régimen desborde los cauces de la paz y la constitucionalidad y hacer que la transición, es decir, el paso del sistema superado a uno nuevo lleno de esperanza, se produzca de la mano de la mayoría de los venezolanos y nos lleve sin retrocesos a recuperar el espíritu y el orden democrático”.
Las acusaciones vertidas por Maduro, Cabello y el aún poderoso aparato de propaganda que les hace eco a sus delirios se ciñen a un libreto ya muy conocido. Lo que cambia es el nombre de la víctima, y van cayendo uno a uno los opositores políticos que aún osan pronunciar discursos con esperanzas de cambio.
Para medir el temor que Antonio Ledezma genera en el régimen autoritario del país vecino, hay que saber que apenas ganó la Alcaldía mediante mayoritario voto popular en 2008, el entonces presidente Hugo Chávez emitió un decreto en el que vació de competencias el despacho del alcalde metropolitano de la capital, para transferírselas a un funcionario nombrado a dedo, obviamente dependiente del Palacio de Miraflores. La acción ejecutiva de Ledezma quedó completamente cercenada de posibilidades de gobierno eficaz. Ante tal abuso de poder, no hubo medidas cautelares de ningún organismo internacional.
Ayer, por lo menos, hubo un medido pronunciamiento emitido por el propio presidente Juan Manuel Santos, en el cual Colombia hace saber a Venezuela su inquietud porque a los opositores no se les respeten sus derechos. Seguramente cayó en cuenta el presidente Santos de que también allí a los opositores se les tacha de fascistas.
Todos los demócratas venezolanos saben, y temen, hasta dónde puede llegar un gobierno desesperado, sin límites institucionales ni morales de ninguna clase.