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El próximo martes 28 de noviembre comienza un encuentro que, como un ritual, se produce cada final de año y cuyos resultados son esperados ansiosamente por millones de colombianos.
Se trata de la negociación del incremento en el salario mínimo, en el que, en una mesa de concertación tripartita, en la que están presentes gobierno, gremios económicos y centrales obreras se acuerda el porcentaje en el incremento del salario mínimo y el subsidio de transporte. Si no hay acuerdo, como ha pasado en varias ocasiones, el gobierno lo define de manera unilateral por decreto.
Cada año, las partes esgrimen sus argumentos en pro y en contra de realizar un alza mayor o más baja en el mínimo. Entre ellos están, por parte de las centrales obreras, mantener el poder adquisitivo de los trabajadores para hacerle frente al incremento de la inflación, mientras que para los empresarios la principal preocupación es el encarecimiento en las nóminas, que va en contra de la generación de empleo. El gobierno es una especie de árbitro que media entre las dos partes y expone argumentos relacionados con el comportamiento de la economía.
Pero, independientemente de cuáles sean las posiciones, la variable clave en la definición del incremento en el mínimo es el comportamiento de la inflación, a lo que se suma la ganancia en productividad del país, que puede ser uno o dos puntos.
El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, recordó que la inflación es el piso, el punto de partida con el que arranca la negociación. Es de esperarse entonces, que el reajuste esté entre el 10% y máximo el 12%, teniendo en cuenta que la inflación acumulada en los últimos doce meses, hasta octubre, está en 10,48%.
Sin embargo, el tema político también pesa a la hora de definir este incremento, porque los mandatarios para ganar respaldo popular a veces decretan incrementos muy superiores a la inflación.
Con un año complejo como el que se avecina, donde se sentirá todo el impacto de la reforma tributaria del 2022, las nuevas alzas de la gasolina y el diésel, el impuesto del 15% a los ultraprocesados, que se suma al 10% que entró a regir en noviembre, y el impacto de las reformas sociales, es mejor ser muy cauteloso con el aumento.
Mirando el comportamiento de los últimos 40 años se observa que durante dos décadas, de 1980 al año 2000, los reajustes en el mínimo estuvieron por encima del 20%, porque la inflación estaba disparada, llegando a niveles cercanos al 30%. A partir del año 2000, con el descenso en los precios, se cambió esa tendencia y los incrementos estuvieron por debajo del 10%. Los menores incrementos fueron en el año 2010, con un 3,64% y en el 2021 con 3,50%.
Sin embargo, la tendencia cambió en 2021 cuando, por consenso, en el gobierno Duque, se aprobó un alza del 10,07% para el 2022, quedando en una cifra redonda de un millón de pesos. Esta decisión fue cuestionada por los analistas que consideraron que había sido una medida más política que económica y populista, porque el ajuste fue de casi el doble de la inflación de ese año (5,62%). Al año siguiente se repitió la historia en el gobierno de Gustavo Petro. La inflación registrada en 2022 fue del 13,12% pero el reajuste del 16%.
Ahora hay temor entre empresarios y analistas de que se repita la historia. Por eso le piden mucha prudencia al gobierno y a los sindicatos a la hora de sentarse a la discusión, teniendo en cuenta que en 2024 seguirá la desaceleración de la economía y que las tasas de interés no bajarán tan rápidamente como se quisiera.
Anif recuerda que el precio de la vivienda de interés social y de interés prioritario se expresa en salarios mínimos, con lo cual un alza excesiva limita el poder de compra de los hogares de menores ingresos. Además, las multas y sanciones se indexan con el mínimo y sirven para determinar la cotización mínima al sistema contributivo de seguridad social.
El centro de pensamiento sostiene que, como la economía y la productividad no han crecido lo suficiente, lo que ocurre es que un mayor número de personas siguen en la informalidad, con ingresos por debajo del mínimo, porque las empresas pequeñas y medianas, no pueden soportar cargas laborales tan altas. En el último año el número de personas que devengó menos de un salario mínimo aumentó de 43,4% a 46,1%.
Otros sostienen que el hecho de que el desempleo se mantenga a la baja demuestra que el impacto del incremento salarial es menor a lo que se dice y que lo importante es la reactivación económica.
Con base en estos argumentos despega una negociación que tiene muchos tires y aflojes. Es de esperarse que se tome la mejor decisión para todos..