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Los gobiernos de Santos y Duque dieron pasos importantes para que Colombia se convirtiera en uno de los países líderes de América Latina en energías renovables no convencionales, como la eólica y solar fotovoltaica, y lograron que Colombia ocupara el tercer lugar en América Latina en el impulso a estas energías limpias.
Pero el gobierno de Gustavo Petro, que tanto habla del cambio climático, de querer salvar la humanidad, de transición energética, ha hecho poco o nada por el sector. Al punto de que el país retrocedió tres puestos en el ranking de energías renovables y hoy está en el sexto lugar, superado por Brasil, Uruguay, Costa Rica, Chile y Paraguay.
Más allá de que el Presidente inaugure los parques fotovoltaicos que se construyeron en anteriores gobiernos, el desarrollo de varios de estos proyectos se estancó en el gobierno “del cambio”. La situación es particularmente crítica con los parques eólicos en La Guajira, el departamento llamado a convertirse en el centro energético gracias a la potencia de sus vientos. De los 16 proyectos eólicos adjudicados entre 2019 y 2021 con inversiones por 2.525 millones de dólares en Uribia, Maicao y Riohacha, que entregarían al Sistema Interconectado Nacional 2.500 megavatios de energía, más de la generada por Hidroituango, hay solo uno en operación, entregado en el gobierno Duque: Guajira 1 de Isagen, de 20 megavatios.
Era tal el entusiasmo que se había despertado en el sector que en 2018 la Upme le adjudicó al Grupo Energía Bogotá la construcción de la más importante línea de transmisión en esa zona del país para transportar la energía que se produciría en siete parques eólicos que se construirían en La Guajira y que aportarían más de 1.000 megavatios al sistema.
Varias compañías respondieron al impulso del gobierno y anunciaron la construcción de proyectos movidos por viento. La multinacional italiana Enel fue una en dar los primeros pasos seguida de EDP Renewables, AES y Celsia, entre otras. De esta manera, al proyecto piloto Jepírachi que puso en marcha hace más de dos décadas Empresas Públicas de Medellín, (EPM) se unirían otros, con cientos de turbinas, generadores y aspas similares a los que se ven en Europa donde la energía eólica está muy desarrollada.
Pero las buenas intenciones de estas compañías se fueron al piso al enfrentarse con grandes obstáculos que este gobierno no ayudó a superar. Enel anunció en mayo del 2023 la suspensión indefinida de la construcción del parque Windpeshi, que tendría una capacidad de generación de 200 megavatios, por los conflictos con las comunidades indígenas. También suspendió los proyectos Tumawind y Chemeski.
AES Chivor tiene atrasos en la construcción de los parques eólicos JK1 y JK2, que ya cuentan con licencia ambiental, mientras que Celsia anunció que ante las dificultades con licencias ambientales y consultas previas no hará sus proyectos en Maicao y Uribia y las inversiones se irán a Perú. EDP Renewables tiene previsto construir los parques Alpha y Beta, que serán los más grandes del país con una capacidad superior a los 500 megavatios, a lo que se suma una línea de conexión de 1.200 megavatios, pero no ha sido ajena a los problemas que afronta el sector y tiene guardados en bodegas los generadores y turbinas.
Entonces, ¿qué pasó con los anuncios del presidente Petro de que Colombia se convertiría en una potencia en energías no convencionales? ¿Dónde están los parques eólicos y solares para reemplazar el petróleo y el gas?
Todo se quedó en palabras. El gobierno ni siquiera ha presentado la hoja de ruta para la transición energética justa y no se ha hecho nada para eliminar del camino los infinitos trámites que deben sortear las empresas para sacar adelante sus proyectos. No hay licencias ambientales aprobadas y las consultas previas con las comunidades se han convertido en una maraña en las que muchas quieren pescar en río revuelto.
Es cierto que las comunidades tienen derechos, que hay que escucharlas y respetar territorios ancestrales, pero esto no se puede convertir en un obstáculo para el progreso de esas mismas comunidades. Ni mucho menos para el enriquecimiento de unos cuantos “líderes” avivatos que se preocupan más por ellos mismos que por sus comunidades. Si no hay energías renovables no solo se afecta La Guajira, que tenía en este sector un polo de desarrollo y de generación de empleo, sino todo el país.
Colombia está en una situación muy compleja, con escasez de lluvias que no alimentan los embalses que son los responsables de generar la energía hidráulica que ilumina el país, no hay suficiente gas porque Petro no quiere el que se produce a nivel nacional sino el importado. Es decir, estamos caminando en el filo de la navaja en materia energética y los tan anunciados proyectos de energías limpias están paralizados.
Esas son las consecuencias de un gobierno populista que promete muchas, que manipula el discurso bienpensante para su beneficio, pero que ha mostrado ser incapaz de llevar a la práctica las supuestas buenas intenciones. Si no se endereza el camino, los platos rotos de estas malas decisiones los vamos a pagar todos los colombianos con servicios más costosos y la pérdida de una gran oportunidad para La Guajira.