La violencia persistente provocada por los grupos armados ilegales en las subregiones recostadas sobre la franja occidental de Antioquia, en dinámicas que involucran a departamentos vecinos como Chocó, Córdoba, Sucre y los Santanderes, exige que los gobiernos seccionales, y el nacional, se empleen a fondo en una estrategia amplia para desactivar los circuitos de la minería ilegal y el narcotráfico que ocasionan graves efectos de vulneración del orden público, la seguridad ciudadana y los derechos de la población civil.
Un ataque, antenoche, fue gravísimo: desconocidos arrojaron una granada contra una veintena de personas reunidas en un salón de billares en Caucasia. Entre tanto, a otros municipios del Bajo Cauca antioqueño siguen llegando más desplazados. La semana pasada, en Urrao, Suroeste, la comunidad se declaró desesperada por los homicidios.
Son dos regiones que requieren atención y estrategias de seguridad inmediatas e integrales, en coordinación con otros departamentos.
Los alcaldes de los municipios involucrados reconocen que la Gobernación y su Secretaría de Gobierno están liderando y convocando, con actitud diligente, consejos de seguridad coordinados con el gabinete del presidente Iván Duque, pero la ciudadanía reclama mayor operatividad y resultados de la Fuerza Pública. La gente exige que, más allá de un nutrido pie de fuerza, se sientan los golpes a las estructuras criminales.
Las nuevas autoridades departamentales anunciaron un análisis detallado de los datos que se empiecen a recoger con el restablecimiento del sistema de información de seguridad y convivencia, para trazar planes ajustados a la realidad regional. Proceso que exige tiempo, por lo menos el primer trimestre de 2020.
La dificultad es que la crisis humanitaria del Bajo Cauca y las violaciones de derechos humanos en Urrao, relacionados con fenómenos de ilegalidad, plantean acciones en dos ritmos: el de la coyuntura, el de las comunidades golpeadas por la violencia actual, y el de las estrategias de mediano y largo plazos, para dar soluciones estructurales y sostenibles de seguridad y convivencia.
Un gran reto que medirá la capacidad de adaptación y atención de las alcaldías y del gobierno departamental a las condiciones convulsas de seguridad y orden público.
Analistas insisten en que Antioquia, por su ubicación dentro de un corredor y unas dinámicas regionales más amplias, busque mayor comunicación e integración con las administraciones de departamentos vecinos ya mencionados, e incluso con las autoridades de Panamá, pensando en los corredores de cocaína y oro ilegal establecidos en el área extensa del Darién y las costas Pacífica y Caribe.
Líderes cívicos de Urrao, Tarazá, Cáceres y Caucasia insisten en que se proteja a la población civil afectada por delitos como el desplazamiento y el reclutamiento forzados y los homicidios selectivos. Las comunidades se muestran dispuestas a cooperar, pero reclaman mayor efectividad y transparencia de la Fuerza Pública, penetradas, en algunas unidades y zonas, por el poder corruptor de esas mafias.
Los indicadores de homicidios de Antioquia, en el inicio del año, son inquietantes y tienen foco crítico en este largo corredor occidental del departamento. Se abre el compás para ver que las acciones oportunas que está definiendo la Gobernación empiecen a producir efectos y mejorías.
