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Editorial

Dos regiones urgen seguridad

Hostilidades de grupos armados ilegales contra población civil no cesan en Suroeste y, en especial, en Bajo Cauca. Gobierno departamental está atento, pero se exige más acción de la Fuerza Pública.
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ilustración morphart Publicado el 25 de enero de 2020

La violencia persistente provocada por los grupos armados ilegales en las subregiones recostadas sobre la franja occidental de Antioquia, en dinámicas que involucran a departamentos vecinos como Chocó, Córdoba, Sucre y los Santanderes, exige que los gobiernos seccionales, y el nacional, se empleen a fondo en una estrategia amplia para desactivar los circuitos de la minería ilegal y el narcotráfico que ocasionan graves efectos de vulneración del orden público, la seguridad ciudadana y los derechos de la población civil.

Un ataque, antenoche, fue gravísimo: desconocidos arrojaron una granada contra una veintena de personas reunidas en un salón de billares en Caucasia. Entre tanto, a otros municipios del Bajo Cauca antioqueño siguen llegando más desplazados. La semana pasada, en Urrao, Suroeste, la comunidad se declaró desesperada por los homicidios.

Son dos regiones que requieren atención y estrategias de seguridad inmediatas e integrales, en coordinación con otros departamentos.

Los alcaldes de los municipios involucrados reconocen que la Gobernación y su Secretaría de Gobierno están liderando y convocando, con actitud diligente, consejos de seguridad coordinados con el gabinete del presidente Iván Duque, pero la ciudadanía reclama mayor operatividad y resultados de la Fuerza Pública. La gente exige que, más allá de un nutrido pie de fuerza, se sientan los golpes a las estructuras criminales.

Las nuevas autoridades departamentales anunciaron un análisis detallado de los datos que se empiecen a recoger con el restablecimiento del sistema de información de seguridad y convivencia, para trazar planes ajustados a la realidad regional. Proceso que exige tiempo, por lo menos el primer trimestre de 2020.

La dificultad es que la crisis humanitaria del Bajo Cauca y las violaciones de derechos humanos en Urrao, relacionados con fenómenos de ilegalidad, plantean acciones en dos ritmos: el de la coyuntura, el de las comunidades golpeadas por la violencia actual, y el de las estrategias de mediano y largo plazos, para dar soluciones estructurales y sostenibles de seguridad y convivencia.

Un gran reto que medirá la capacidad de adaptación y atención de las alcaldías y del gobierno departamental a las condiciones convulsas de seguridad y orden público.

Analistas insisten en que Antioquia, por su ubicación dentro de un corredor y unas dinámicas regionales más amplias, busque mayor comunicación e integración con las administraciones de departamentos vecinos ya mencionados, e incluso con las autoridades de Panamá, pensando en los corredores de cocaína y oro ilegal establecidos en el área extensa del Darién y las costas Pacífica y Caribe.

Líderes cívicos de Urrao, Tarazá, Cáceres y Caucasia insisten en que se proteja a la población civil afectada por delitos como el desplazamiento y el reclutamiento forzados y los homicidios selectivos. Las comunidades se muestran dispuestas a cooperar, pero reclaman mayor efectividad y transparencia de la Fuerza Pública, penetradas, en algunas unidades y zonas, por el poder corruptor de esas mafias.

Los indicadores de homicidios de Antioquia, en el inicio del año, son inquietantes y tienen foco crítico en este largo corredor occidental del departamento. Se abre el compás para ver que las acciones oportunas que está definiendo la Gobernación empiecen a producir efectos y mejorías.

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