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Antioquia tiene una situación privilegiada para la paz y para la guerra. Unas fronteras complejas: la frontera con Chocó, desde Urabá hasta la zona de Urrao, en el sur. La de Panamá, por Urabá; la del Paramillo, con Córdoba, y la de Montes de María, que toca a Sucre y parte del Magdalena Medio y hacia arriba, en Cesar.
Desde enero de 2016, advertí el temor de que los espacios que las Farc dejaban fueran reocupados por otros actores armados ilegales. Los territorios de los frentes 34, 57, 5, 18 y 36 ya fueron asumidos por el Clan del Golfo (AGC), el Eln y las mismas disidencias. Además de sectores de la Oficina, que tienen alianzas con los carteles Jalisco Nueva Generación y de Sinaloa.
Se disputan rentas ilegales: siembra de coca y producción de cocaína, minería ilegal, tierras expropiadas y el tráfico de armas. Esas zonas y corredores del Occidente de Antioquia llegan incluso a los alrededores del Medellín semiurbano, nunca controlados.
El nuevo gobernador debe cuidar que se cumplan los acuerdos, que se fijen estrategias de seguridad, que se retome el Radar de Seguridad, pero con planes de convivencia y de paz y acercamiento con el Eln y alternativas de sometimiento a otros actores ilegales. Y se debe adelantar una depuración de la Fuerza Pública, con una reflexión profunda sobre corrupción y cambios culturales y organizacionales en Policía y Ejército.
