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El 7 de agosto de 2018, en su posesión, el presidente se comprometió con “implementar todas las reformas estructurales que se requieran para asegurar la sostenibilidad fiscal y consolidar un crecimiento potencial superior al 4 % del PIB”. Y añadió: “tenemos que culminar las obras de infraestructura necesarias para la competitividad, crear las condiciones para una mayor inversión en conectividad”; además, aseveró que “ha llegado el momento de hacer del emprendimiento la base de nuestro progreso económico y social”.
En cuanto a las reformas estructurales, se cayó la reforma tributaria formulada por el ministro Carrasquilla; no se hizo la reforma pensional y tampoco la reforma laboral. El gobierno ya presentó el proyecto de reforma tributaria y el de presupuesto, que definen su último año y dan una respuesta a la crisis fiscal y al desempleo con pobreza. Un presupuesto austero, concentrado en el gasto social, y una reforma tributaria concebida para financiar ese gasto, que deja vivo parte del problema fiscal y que, seguramente, obligará a presentar rápidamente una nueva.
En términos de crecimiento, no se logró la meta del 4 %, en parte a consecuencia de la pandemia, pues la economía creció 3,3 % en 2019 y -6,8 % en 2020. Para el 2021, se espera un crecimiento del 7 %, por efecto rebote, y, para el 2022, un 3,1 %. Este año la economía ha recobrado dinamismo, según cifras del Dane; el problema es la incertidumbre que rodea la recuperación económica, debido a la pandemia y al deterioro de las finanzas públicas.
El déficit del gobierno creció aceleradamente: de 2,5 % del PIB en 2019 a 7,8 % en 2020, y se espera que alcance 8,6 % en este año, a causa igualmente de la pandemia; la deuda pública también creció rápidamente. De ahí que la junta directiva del Banco de la República advierta, en su informe al Congreso, la necesidad de un ajuste sostenible de las finanzas públicas.
También se destacan la continuidad en la inversión en infraestructura para la competitividad, en particular las vías 4G, y la inversión en una mayor conectividad en centros poblados y rurales dispersos. Igualmente, se aprobaron la Ley de Emprendimiento (ley 2069 de 2020) y la Ley de Turismo (ley 2068 de 2020); se crearon líneas de crédito e incentivos para inversión y empleo en las empresas y se impulsó la construcción a través de subsidios y programas para la adquisición de vivienda (VIS, NO VIS). En materia social, resaltan el tratamiento legal a la población migrante de Venezuela y especialmente el aumento de los recursos públicos a la financiación y gratuidad de la educación superior pública. El presidente cumplió así varias de sus promesas.
El plan de vacunación, a pesar de los retrasos iniciales, ha sido exitoso y está apalancando la economía en 2021. Es importante también la gestión oportuna de programas sociales como Ingreso Solidario, Devolución del IVA y Familias en Acción, dirigidos a grupos afectados por la pandemia. Es paradójico que un presidente comprometido con la equidad en su posesión termine con los mayores niveles de pobreza y desigualdad desde el 2012, por cuenta, en parte, de la pandemia.
A pesar de impulsar fervorosamente la economía naranja, Duque será recordado por su contribución a la inmunidad de rebaño y por el programa de Ingreso Solidario