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La historia terminó produciendo una gran ironía en Venezuela: los chavistas que durante un cuarto de siglo se aferraron al poder con el argumento de que sus adversarios políticos querían entregarle el petróleo a Estados Unidos, terminaron ahora dándole a Washington acceso privilegiado a una porción gigantesca de las reservas del país. La propia Delcy Rodríguez, una de las abanderadas de ese canto de batalla del chavismo, es quien ahora firma el que parece ser el acuerdo energético más favorable para los intereses de los norteamericanos.
Los términos conocidos justifican el debate. El pacto, firmado por el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, otorga derechos sobre 17 campos petroleros que contienen cerca de 65.000 millones de barriles, equivalentes a más de una quinta parte de las reservas probadas del vecino país. La Oficina de Capital Estratégico del Pentágono tendrá una participación accionaria del 35% en la nueva empresa. El Departamento de Estado, por su parte, se reserva el derecho a comprar el 20% de la producción a precio de costo y a tener la primera opción sobre el 80% restante.
Y hay una discrepancia que no es menor: mientras Rodríguez sostiene que el acuerdo tendrá una duración de 25 años, la agencia AP reportó que los derechos fueron concedidos por un siglo.
La explicación pragmática del acuerdo es conocida: la industria petrolera venezolana está arruinada por años de politización y corrupción de PDVSA, y para levantarse necesita capital y tecnología extranjeros. Bajo esa lógica cobran sentido las cifras que presentó Rodríguez: una inversión superior a los 100.000 millones de dólares, regalías mínimas del 16%, impuesto de renta del 34% y unos 209.000 millones de dólares en tributos para el Estado venezolano.
La propia oposición lo entiende. Juan Pablo Guanipa admitió la necesidad de inversión privada; Primero Justicia exigió transparencia y garantías verificables; Acción Democrática expresó preocupación; Edmundo González advirtió que la recuperación no se mide solo en barriles, sino en las vidas que esa riqueza permita reconstruir.
La pregunta de fondo no es si Venezuela necesita inversión extranjera para recuperar una industria devastada. Por supuesto que la necesita. La pregunta es otra: ¿puede un gobierno interino, sin legitimidad surgida de elecciones libres, comprometer durante décadas la principal riqueza de una nación?
Un gobierno interino debería tener como misión fundamental recuperar las instituciones y crear las condiciones para que sean los venezolanos quienes decidan quién los gobierna. Un mandato transitorio no alcanza para hipotecar el subsuelo de tres generaciones.
Cuando el Tribunal Supremo de Justicia avaló la designación de Rodríguez, describió la ausencia de Maduro como una circunstancia excepcional y de fuerza mayor no prevista en la Constitución, pero se abstuvo de calificar la falta presidencial como temporal o absoluta. Esa calificación habría obligado a convocar elecciones este mismo año. El vacío no se llenó: se dejó abierto.
La contradicción de Estados Unidos tampoco es pequeña. La Casa Blanca endureció durante el último año la presión contra Nicolás Maduro hasta desembocar en una operación militar que terminó con su salida del poder y su traslado a una prisión estadounidense. Pero el desenlace no fue la convocatoria inmediata a elecciones libres ni la entrega del gobierno a autoridades surgidas del voto popular. Washington terminó aceptando como interlocutora a una de las figuras centrales del mismo régimen que pretendía desmontar.
Y allí aparece la verdadera naturaleza política del acuerdo. Trump necesita petróleo. Delcy Rodríguez necesita legitimidad. Estados Unidos obtiene seguridad energética, influencia sobre una de las mayores reservas de crudo del planeta y una oportunidad para reducir la presencia de China y Rusia en Venezuela. Rodríguez obtiene algo igualmente valioso: reconocimiento internacional, recursos y tiempo para consolidar su posición.
La historia cuenta que en 1901, el gobierno persa, necesitado de recursos, le concedió al británico William Knox D’Arcy derechos petroleros durante sesenta años sobre casi todo el país. Ese acuerdo alimentó el nacionalismo que, medio siglo después, llevó a Mohammad Mosaddegh a nacionalizar el petróleo iraní. Algo similar ocurrió en Irak, donde en 1925, bajo mandato británico, se otorgaron derechos petroleros por 75 años a un consorcio extranjero.
Venezuela no es Irán ni Irak, y el mundo de hoy no es el de hace un siglo. Pero la lección es que cuando un país con instituciones frágiles compromete su principal riqueza con una potencia extranjera, las consecuencias políticas suelen durar mucho más que los beneficios económicos.
Lo que hoy Donald Trump puede presentar como una victoria estratégica podría convertirse dentro de diez o veinte años en la bandera de un nuevo nacionalismo petrolero venezolano.
¿Hasta dónde puede llegar el pragmatismo sin terminar devorando los principios que justificaron su actuación frente a Venezuela? Venezuela necesita inversión, necesita recuperar su industria y atender una emergencia social. Pero antes necesita algo más elemental: elecciones libres, garantías para la oposición, liberación de los presos políticos e independencia de poderes. Porque los contratos de largo plazo, como este entre Trump y Rodríguez, necesitan más que petróleo debajo de la tierra, legitimidad encima de ella.