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La semana pasada, Carlos Carrillo, director de la tristemente célebre UNGRD, salió con una respuesta displicente al ofrecimiento de ayuda de Estados Unidos para lidiar con las inundaciones en Córdoba: “No es una ayuda que nosotros estemos solicitando. El sistema está funcionando. Hemos despachado más de 220 toneladas”.
Apenas unos días después, este lunes, el presidente Gustavo Petro firmó cinco decretos gracias a las facultades excepcionales que se dio el mismo para legislar, gracias a la declaratoria de Emergencia Económica, por la crisis de lluvias en ocho departamentos. El contraste es inevitable. Si el sistema –como dijo Carrillo– estaba funcionando y no se requería ayuda extraordinaria, ¿qué cambió para que se justificara un paquete de medidas de alto impacto fiscal y financiero? ¿Aún más, si la emergencia económica se decretó para ayudar a Córdoba, por qué se declara más de 20 días después de la tragedia?
Nadie discute la gravedad del invierno ni la obligación del Estado de actuar. Antioquia es uno de los departamentos que más lo ha sufrido. Pero, lo que inquieta es ver cómo el Presidente aprovecha la emergencia, no para brindar la atención humanitaria inmediata, sino para convertirla en una especie de excusa para tomar todo tipo de decisiones tributarias y financieras que trascienden la coyuntura.
Uno de los cinco decretos que expidió el mandatario crea un impuesto al patrimonio para empresas, con tarifas que alcanzan el 1,6%. Otro decreto impone un 2% adicional sobre ventas brutas de energía a ciertas generadoras durante seis meses. E incluso, el gobierno se sacó del sombrero una frase que podría llevarlo a manejar hidroeléctricas como Hidroituango.
Son medidas estructurales adoptadas bajo la lógica del estado de excepción. La Corte Constitucional tendrá que decidir si tienen relación o no con la calamidad invernal y sobre todo si cuando se hagan realidad no será ya tarde para atender la emergencia.
Pero más allá del examen constitucional, lo que salta a la vista es el mensaje económico: la urgencia de Petro es recaudar dinero. Ese afán de recoger más y más recursos, que pueden ser utilizados prácticamente como plata de bolsillo, también se ha hecho evidente en otro borrador de decreto que el Ministerio del Trabajo publicó y en el que se obliga a los fondos privados de pensiones a trasladar a Colpensiones el capital y los rendimientos de cientos de miles de cotizantes que se pasaron de régimen.
No es un trámite menor. Se trata de una transferencia masiva de ahorro privado al Estado, cerca de 25 billones de pesos, en un contexto de estrechez fiscal. El ahorro individual, que descansa sobre la confianza, se convierte en pieza central para cuadrar la caja de un Gobierno que ha dado muestras de derroche. Con el agravante de que esa exigencia de trasladar los recursos iría en contra de la reforma pensional que es clara en decir que los recursos deben seguir siendo administrados por los fondos privados hasta tanto se pensione cada cotizante.
A todo esto se suma otro ingrediente: el Gobierno ha revivido la amenaza al sector financiero y bancario de imponerles inversiones obligatorias.
Las inversiones forzosas —obligar a la banca a prestar a determinados sectores bajo condiciones fijadas por el Ejecutivo— no son una herramienta inocua. Países como Venezuela y Bolivia han recurrido a ellas con efectos distorsionantes.
No en vano seis exministros de Hacienda han advertido que este mecanismo encarece el crédito, reduce su disponibilidad y termina perjudicando a quienes más necesitan financiamiento. Asobancaria estima que las tasas podrían aumentar entre 50 y 100 puntos básicos si se adopta esa vía.
No sobra recordar que si hay un termómetro de estabilidad en un país es su banca. De su solidez dependen los 791 billones de pesos administrados a nombre de 38 millones de colombianos. No es el dinero de los accionistas; es el ahorro de millones de familias.
Así entonces no solo el Gobierno busca apropiar el ahorro de los colombianos para las pensiones, sino también que va a la banca para ser él quien decida en qué se invierten los ahorros privados de los colombianos.
Entonces en medio del ruido, de los escándalos y las cortinas de humo, nos damos cuenta de que todo puede tratarse de la misma estrategia. Los impuestos sectoriales, el traslado acelerado de ahorro pensional, las contribuciones adicionales a la energía, la amenaza de inversiones forzosas tienen el mismo hilo conductor: la urgencia de caja.
Es necesario tener en cuenta que el actual gobierno ha llevado las finanzas de Colombia a uno de los puntos más críticos de su historia: el déficit estructural del país ha escalado al 7% del PIB. En términos simples, el Estado se está gastando cada año alrededor de 140 billones de pesos más de lo que ingresa.
Acaso el Presidente está buscando con todas estas medidas desesperadas tapar ese hueco. O tal vez lo que está buscando es tener acceso a más recursos de cara a las elecciones. Es ciertamente extraño que se decrete el impuesto al patrimonio a las empresas y se hable de recogerlo en abril, un mes antes de la primera vuelta presidencial. Y asimismo el traslado de recursos de los fondos privados de pensiones, en el borrador, se exige hacerlo en un plazo de quince días.
Cuando, en cuestión de días, se pasa de afirmar que “el sistema está funcionando” a activar un paquete amplio de medidas fiscales y financieras bajo estado de excepción, el país tiene derecho a exigir claridad y límites.
Tapar huecos fiscales con plata ajena —sea del empresario, del ahorrador o del cotizante— puede aliviar la coyuntura. Pero la confianza perdida, en economía, es un invierno muy difícil de superar.