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Aunque el anunciado regreso de un grupo reducido de exjefes de las Farc a las armas y la ilegalidad, con alias “Iván Márquez” a la cabeza, desajusta el proceso de paz y atenta contra quienes honran los acuerdos de La Habana, diferentes sectores (políticos, económicos, ONG, comunidad internacional y académicos) confluyen en la necesidad de respaldar y rodear la reinserción del grueso de los excombatientes a la civilidad, y de someter jurídica y militarmente a quienes insisten en las armas y la violencia.
Aun con matices, por supuesto, en grados mayores o menores de escepticismo u optimismo, la apuesta estará, y así lo cree el propio Gobierno Nacional, en tener claridad y firmeza para cumplir lo acordado y, entre tanto, desplegar una persecución contra un grupo organizado residual que no logra siquiera aglutinar al conjunto de las disidencias en el territorio nacional.
Esa “exposición de motivos” rebuscada, con su invitación plagada de romanticismos falaces, hecha por Márquez, se estrella contra hechos evidentes:
La lumpenización crítica de quienes desertaron desde el inicio del proceso, absorbidos por la cadena del narcotráfico -y hasta hoy autores de 150 ataques violentos-, con un perfil de bandas criminales dispersas y ambiciosas del dinero de la minería ilegal y de los cultivos ilícitos.
Una respuesta mayoritaria de otros jefes históricos, hoy en el Partido Farc, con la visión inequívoca de que la lucha armada es un anacronismo desconectado de los anhelos generales de paz de los colombianos, a quienes rodea la comunidad internacional.
Y la cohesión del Estado -incluida ya la JEP como organismo extrajurídico de los acuerdos- para retirar cualquier beneficio y emprender la captura y desmonte de un grupo residual que, además de previsible en la lógica histórica de desmovilizaciones dentro y fuera del país, regresa al conflicto armado desde territorios periféricos y sin algún apoyo popular. La pretendida grandilocuencia discursiva de Márquez no logra tapar su desprestigio e inutilidad ante un pensamiento ciudadano que no contemporiza ni quiere representaciones armadas ni violentas ni fanáticas.
Venezuela es un ejemplo: ¿quién puede aceptar promesas de revoluciones e idearios caducos que se hunden en el desastre social? Esa versión de alzamientos que se vuelven contra el propio bienestar comunitario y ese populismo degenerado en dictadura, solo deben preocupar al gobierno de Iván Duque en tanto continúe la conducta permisiva de la cúpula de Nicolás Maduro con las bandas cerca a la frontera, y desde el otro lado.
Es ante la comunidad internacional, filada toda en gobiernos y organismos multilaterales con la búsqueda de la paz y la cultura de la legalidad en Colombia, que se debe documentar y denunciar cualquier intromisión y apoyo del chavismo a los fenómenos residuales armados “posFarc” en nuestro país. Lucha diplomática afuera y combate militar dentro de los límites de esta nación.
En el escenario de la política, bienvenidas las controversias y los debates -sin tratos denigrantes ni de enemigos- que por supuesto incluyan a los desmovilizados y al resto de un espectro que debe enriquecerse cualitativamente, para afianzar la democracia y la paz.
El regreso definitivo de Márquez y otros a la delincuencia, solo fija una línea y una oportunidad claras de mejoría y respuesta histórica, masiva y de civilidad desde un país cansado de la guerra, en el que no encajan las armas y la violencia de quienes hoy le dan la espalda y un portazo a los acuerdos.