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Toda democracia que se respete tiene unos frenos muy especiales que se activan cuando el gobernante de turno da muestras de un ímpetu desmedido por el poder. No es un invento de Colombia ni mucho menos. Tras décadas de ensayos y errores, la humanidad ha ido perfeccionando una arquitectura del Estado en la cual es tan importante la Presidencia como las instituciones que le hacen contrapeso para evitar que mandatarios embriagados por el poder se desboquen y lleven a las sociedades al despeñadero.
Ese es precisamente el papel que cumple la Junta Directiva del Banco de la República que esta semana ha recibido un feroz ataque del presidente Gustavo Petro, de altos funcionarios de su gobierno y de las bodegas pagas con los impuestos de los colombianos.
Es importante recordar de dónde viene la autonomía de la Junta del Banco de la República. La Asamblea Constituyente entendió con claridad que cuando el gobierno controla la emisión de dinero, la tentación de abusar de esa fórmula, para conseguir el apoyo del pueblo, es casi irresistible. Y por eso en la Constitución de 1991 consagró esa independencia del Banco para evitar que decisiones tan delicadas en el equilibrio fiscal y económico de un país queden supeditadas al estado de ánimo o a las ambiciones del gobernante de turno.
La Constitución también dejó claro que los miembros de la Junta del Banco deben ser elegidos en períodos escalonados para que ningún presidente pueda nombrarlos a todos en su gobierno. No sobra recordar que precisamente evitar ese control fue uno de los argumentos claves con los que la Corte Constitucional tumbó la posibilidad de una segunda reelección de Álvaro Uribe.
Y el mandato de la Junta del Banco es clarísimo: controlar la inflación para defender el poder adquisitivo de la moneda. No para proteger a los banqueros —como repite Petro—, sino para proteger a quienes menos tienen, que son los primeros en sufrir cuando el dinero pierde valor. En otras palabras: la autonomía del Banco de la República no es un privilegio de élites, es el escudo de los pobres contra el impuesto más cruel e invisible que existe: la inflación.
El ejemplo de la Venezuela de Chávez y Maduro es apenas el más cercano. El Banco Central sometido al gobierno de Chávez primero y Maduro después financió el gasto público con emisión de moneda. El resultado fue una hiperinflación que en su peor momento superó el millón por ciento anual. Los billetes de Venezuela, fuimos testigos, terminaron sirviendo solo para hacer origami y artesanías. En 2018 la hiperinflación se volvió inmanejable y se produjo el gran éxodo: se calcula que salieron de Venezuela dos millones de personas.
También ocurrió en Zimbabue, el banco central imprimió billetes de cien billones de dólares zimbabuenses que no alcanzaban para comprar un pan. Y en Argentina, tras décadas de dominación política sobre el banco central, la inflación en 2023 cerró en 211% anual y destruyó los ahorros de generaciones enteras de clase media.
En todos estos casos, el discurso inicial fue idéntico al de Petro: las tasas altas benefician a los banqueros, el banco central no puede ignorar “la realidad del pueblo”, la soberanía popular está por encima de los tecnócratas. Y en todos, el resultado fue que los más pobres —los mismos en los que se parapetaban para justificar la toma del Banco— terminaron pagando el grueso de la cuenta.
Los recientes ataques del presidente Gustavo Petro a la Junta —orquestados además con sus altos funcionarios y bodegas— deben ser rechazados con todo el vigor que el caso amerita.
Sería un error ver este episodio solo como un debate técnico sobre tasas de interés. Es algo más serio: un patrón. La relación entre el Gobierno y el Banco de la República es apenas uno de los frentes en los que Gustavo Petro ha dejado ver el autócrata que lleva en sus venas.
Antes atacó al Congreso porque hundió algunas de sus reformas. Luego cuando la Corte Constitucional tuvo que suspender de manera provisional el “decretazo” de emergencia económica, Petro acusó a los magistrados de “prejuzgar”. La Corte Suprema, el Consejo de Estado, el Consejo Nacional Electoral, la Registraduría también han sido blanco de sus ataques. Y ahora la emprende contra los miembros del Banco de la República. Y ya anunció que podría haber reforma constitucional para cambiar el mecanismo de decisión del banco central. O, dicho de otra forma: si las reglas no le convienen, cambia las reglas. Y si eso no alcanza, propone terminar el debate en una Asamblea Nacional Constituyente.
El patrón es siempre el mismo: y ya parece una copia al carbón del proceso que siguió la Venezuela de Chávez. Cuando una institución independiente no hace lo que el presidente quiere, el presidente la descalifica, la insulta, la amenaza, la convierte en enemiga del pueblo. No hay debate posible con Petro: hay obediencia o hay traición. Lo que no hay, nunca, es la posibilidad de que él esté equivocado.