El cese temporal de las movilizaciones promovidas por el Comité de Paro llegó para encontrar un país exhausto. Si los efectos demoledores de la pandemia lo tenían al límite en todos sus ámbitos –institucional, económico, social, empresarial, comercial–, la actividad desplegada por diversos actores para promover insurrecciones generalizadas, a pesar de no haber logrado adhesión mayoritaria de la población, sí prendió mechas suficientes para generar efectos muy dañinos.
Nadie puede negar que hay motivos para la inconformidad, principalmente de los jóvenes. Y que manifestarlos, hacerlos ver y promover cambios no solo es legítimo sino conducente en una democracia. Cuando se habla de efectos dañinos la relación causal no es por ahí. Es por la promoción paralela de la violencia, los bloqueos ilegales, el enardecimiento por parte de dirigentes políticos de una estrategia de odio, el arrinconamiento de enormes sectores de la población que quieren hacer su vida normal y trabajar.
Políticamente quedó a la vista la cuestión irresuelta de las representatividades de los sectores poblacionales y de opinión. Muchos de ellos dijeron que el Comité Nacional de Paro no los representaba. También hubo quienes pretendieron asumir vocerías que nunca les fueron delegadas. Y los partidos políticos mostraron solo oportunismo al quedar en evidencia que nadie los concibe para el papel fundamental que tienen en una democracia. Servir de voceros y representantes ante los poderes públicos de los sectores sociales.
En cuanto a la economía, el balance es terrible. Además de las lamentables pérdidas de vidas, el paro y sus bloqueos asestaron un golpe demoledor a la actividad productiva, el comercio, la distribución de bienes, la prestación de servicios, la circulación, el transporte, el derecho al trabajo de quienes querían hacerlo. A esto se suma el daño de la infraestructura privada y pública. Los sistemas de transporte de algunas de las principales ciudades fueron vandalizados, y tuvieron que detener su funcionamiento y encajar millonarias pérdidas que se sumaron a las que produjeron las medidas de aislamiento social.
El Ministerio de Hacienda informó que los daños por el paro llegaron a más de 11 billones de pesos, mientras Fedesarrollo tiene un estimativo de entre 4,8 y 6 billones de pesos de afectación solo para el mes de mayo. Los bloqueos paralizaron la llegada de insumos para la producción en algunos sectores industriales y la posibilidad de mover la carga hacia y desde los puertos. Los exportadores de café, en particular, se vieron muy afectados, precisamente en momentos en que el precio externo los beneficiaba, pero vieron obstaculizadas las vías para sacar la carga. Igual sucedió con el petróleo, que con una buena cotización externa, tuvo su producción disminuida por los bloqueos.
El efecto sobre la producción y la distribución se sintió sobre todo en los precios agrícolas y agroindustriales, con lo cual la inflación mensual en el mes de mayo fue 1 %, la más alta para el mismo desde 2013, que llevó a la variación anual de los precios al consumidor un 3,3 %. Con el grave peligro de que se afecten las expectativas de inflación y el efecto se sienta en todos los precios.
La recuperación de la economía, con un crecimiento anual del PIB en el primer trimestre de 1,1 %, se resintió por el paro. Todavía no se cuenta con las cifras completas, pero cabe esperar que el impulso que llevaba se haya disminuido y eso se verá en las cifras del segundo trimestre.
Decía ayer en su columna en El Tiempo el economista y exministro Carlos Caballero Argáez: “Si no fuera porque el país entero lo vivió, no cabría en la cabeza pensar que a alguien en su sano juicio se le ocurriera afectar de tal manera la existencia de unas comunidades golpeadas, como si fuera poco, por la pandemia causada por el coronavirus con su secuela de 100.000 muertos (...). La economía colombiana, de por sí frágil, quedó en cuidados intensivos”
