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Las imágenes de los últimos 15 días que registran el drama por los muertos y los náufragos tras el hundimiento de barcos cargados con emigrantes ilegales en el Mediterráneo, expulsados por la guerra en Siria o empujados por el hambre y los conflictos de baja intensidad en África, conmueven al mundo.
Pero además de tristeza y condena por la manera en que son “reclutados” por los traficantes de indocumentados, el problema tiene contra las cuerdas a los gobiernos de Europa frente al control migratorio en sus fronteras y el dilema de aceptar o rechazar a miles de personas que llegan a engrosar las filas del desempleo, la informalidad, la ilegalidad (prostitución, narcotráfico, esclavitud laboral, violencia callejera) y otras formas de exclusión e inseguridad social y jurídica.
En 2011 murieron en aguas del Mediterráneo 1.500 emigrantes. En 2015, hasta el 19 de abril pasado, la cifra ascendía a 1.654. Es evidente el éxodo que está produciendo el avance del conflicto de varios gobiernos en Asia y África con el grupo extremista Estado Islámico. La persecución político-religiosa y la brutalidad de los grupos armados obligan cada vez más a cientos de miles de personas a refugiarse en corredores fronterizos donde, la precaria atención humanitaria y el riesgo de nuevas violencias las llevan a buscar con desespero alguna tabla de salvación. Una es viajar a Europa cruzando el mar en frágiles y sobrecargadas embarcaciones.
Los naufragios ya obligaron a los países con costas sobre el Mediterráneo a crear brigadas y protocolos de salvamento e incluso a considerar la posibilidad de hundir los barcos de “los traficantes de irregulares”, por supuesto tras ser identificados plenamente y encontrarse sin pasajeros. El desafío migratorio es de proporciones mayúsculas.
Pero no es solo para el Viejo Continente. De tiempo atrás lo enfrentan Estados Unidos y México, en su frontera, fenómeno que se extiende a varios corredores migratorios de Centroamérica, en Haití, Guatemala, Honduras, Panamá y ahora por la ruta del Darién, que atraviesa el extremo noroccidental de Colombia bordeando el Golfo de Urabá.
Pero hoy, en Surámerica, hay un caso singular, creciente e inquietante de explosión de emigrantes dadas las precarias y deprimidas condiciones políticas, sociales y económicas de aquella nación: Venezuela.
Esta semana se leía en la edición digital de este diario una impactante crónica sobre el drama de los venezolanos que, al límite del desabastecimiento y la incertidumbre, bajo un régimen político y económico que les restringe libertades y que los pauperiza, están abandonando su país.
No es un drama menor: en Venezuela viven aproximadamente dos millones de colombianos. Y una amplia y porosa frontera significa una oportunidad para huir de lo que parece ser una democracia en picada, con riesgos de sufrir una dictadura terca y visceral.
El 16,8 por ciento de quienes solicitan hoy cédula de extranjería en Colombia son venezolanos. La citada crónica mostraba, por ejemplo, cómo los emigrantes del país vecino lloran al ver los supermercados de Medellín plenos en artículos de primera necesidad que pueden adquirir cuando se quiera y en la cantidad que se quiera. Vaya tristeza y paradoja para una nación a la que en los setenta emigraron miles de colombianos buscando futuro.
Ese revés obliga a preguntarnos qué tan preparadas están las autoridades colombianas para atender y manejar una oleada masiva de habitantes del vecino país. Ello en una nación, la nuestra, en donde también hay una gran deuda social del Estado y tantos conflictos por superar, empezando por el armado y por la variopinta afectación que nos produce el crimen organizado.
Sería bueno, para que la situación no nos tome por sorpresa como a Europa estos días, preguntarnos qué medidas tomar en un país que está pasando de ser expulsor de emigrantes a receptor de ellos.