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En las últimas semanas se ha precipitado el interés de Gustavo Petro de romper la Constitución. Los últimos movimientos del Presidente y de su círculo cercano revisten una gravedad que no puede ser minimizada ni tratada con ligereza. En tan solo unos días, el país ha sido testigo de una seguidilla de hechos que, en conjunto, arman la figura de un intento por sacar al país de los cauces democráticos.
No se trata solo del ‘decretazo’, ni de un simple desacuerdo con el Congreso. Es, como bien lo advirtió el profesor Mauricio Gaona, un esfuerzo deliberado por abrir camino hacia una Asamblea Popular Constituyente que, por vías dudosas, buscaría reescribir las reglas del juego. En esa estrategia, la consulta popular sería solo una distracción.
Resulta profundamente preocupante escuchar al ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, sostener que el Presidente puede ejercer control constitucional difuso, una función que no le corresponde ni por tradición ni por jurisprudencia. La afirmación equivale a asignarle al Gobierno poderes de juez supremo sobre la ley, una distorsión peligrosa que recuerda los abusos fundacionales del chavismo.
Como si eso fuera poco, el Gobierno emprendió una ofensiva contra el registrador nacional. Lo califican de sedicioso, el Presidente anuncia denuncias penales en su contra y lo atacan por no acatar el “decretazo”: una amenaza directa a la autonomía electoral, uno de los pilares más importantes de cualquier democracia.
Igual de grave es el anuncio del nombramiento de Alfredo Saade como jefe de gabinete. No se trata solo de un charlatán que presumía de acabar con el covid, sino de quien ha expresado ideas abiertamente autoritarias, como cerrar medios de comunicación “tradicionales” o pedir el cierre del Congreso. Que el Presidente haya elevado a este personaje a una posición de poder es una bofetada a tanta gente buena de este país y sobre todo a los principios democráticos.
Versiones recogidas en el interior de RTVC sobre una posible manipulación informativa para ambientar un desconocimiento de las elecciones añade un nuevo motivo de alerta. Y sobre todo, la insistencia del Presidente y del ministro de Justicia de convocar a una Constituyente con “8 millones de firmas” es otra señal de que se está forzando la norma en función de intereses particulares toda vez que la Constitución habla de otro procedimiento: no 8 millones de firmas sino 13 millones de votos a favor (una tercera parte del censo electoral). ¿Por qué están inventándose otra norma? ¿Están acaso ambientando la Constituyente?
La otra noticia del martes, la aprobación de la reforma laboral, aunque empujada por una especie de chantaje, fue leída por muchos como una maniobra para desactivar una nueva narrativa plebiscitaria del Gobierno. Queda por ver sus efectos económicos, pero fue una jugada política que cerró otro flanco.
Durante varios años se ha dicho que es exagerado pensar que Gustavo Petro quiere repetir en Colombia el modelo de Chávez en Venezuela: pero ahora todas las piezas parecen encajar en ese propósito perturbador. La frecuente presencia de Petro en Venezuela en sus dos primeros años de gobierno –para comprar un gas que nunca se materializó–, la admiración tácita por el modelo bolivariano y los pasos que ha dado, guardan un inquietante paralelismo con el proyecto chavista. Si así fuera ¿qué tan fácil le va a quedar?
Las diferencias entre Colombia y Venezuela son sustanciales: Hugo Chávez tenía los bolsillos llenos de petrodólares y con ellos compró la conciencia de muchos en su país y fuera de él. Petro no los tiene. ¿Será por eso que está buscando plata a como dé lugar con nuevos impuestos, rompiendo la regla fiscal, anticipando la retefuente, y endeudando al país más allá de lo que la salud fiscal lo permite?
En cuanto a popularidad, Chávez nunca estuvo por debajo del 50% de aprobación, incluso estuvo por encima del 60%. Muy distinto a Gustavo Petro cuya imagen no solo está en un 29% de popularidad y en las calles las imágenes de los últimos días han mostrado que cada vez le cuesta más a su gobierno llenar sus convocatorias.
Las instituciones en Colombia han demostrado una gran fortaleza y todos los días aparecen nuevos héroes y heroínas. El Registrador y el Consejo de Estado que le pusieron el tatequieto al ‘decretazo’ y a la consulta popular indebidamente planteada. La Corte Constitucional que le devolvió la reforma pensional al Congreso por una falla de forma, pero es apenas el principio porque luego la evaluará de fondo. El Senado que le negó el segundo y tercer intento de consulta popular a Petro. Todos ellos han demostrado gran compromiso en defensa de la Constitución. Y no nos cabe duda de que nuestras fuerzas militares defenderán la Constitución ante cualquier intento de deriva autoritaria.
Además el hecho de que Colombia se pueda ver en el espejo del desastre económico que ha sido Venezuela también debería alentar a quienes están en puestos estratégicos que seguramente no querrán que se dé en el país un éxodo tan cruel a pie y por las fronteras como se dio el de Venezuela.
Colombia aún está lejos del colapso institucional venezolano, pero la advertencia es clara. La democracia no se pierde de un día para otro, se erosiona con gestos, con nombramientos irresponsables, con ataques sistemáticos a quienes la protegen. Por eso, defender la Constitución no se puede dejar para el final: es un acto de ciudadanía, de responsabilidad histórica. Lo que está en juego es el modelo de país en el que queremos vivir.