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Las consultas internas de cuatro partidos políticos que se desarrollaron el pasado domingo fueron, como era previsible, una muestra más del poco poder de convocatoria de esas colectividades, y un gasto de recursos públicos (18.000 millones de pesos) que muchas personas consideran injustificable. De 33 millones de votantes habilitados para participar, escasamente lo hicieron poco más de 600 mil.
El Polo Democrático Alternativo, el Centro Democrático, el Partido Liberal y el Partido Conservador solicitaron la convocatoria de urnas para buscar legitimar candidatos suyos a diversas corporaciones, ya fuera concejos, asambleas o juntas administradoras locales (JAL).
El Polo Democrático solicitó la consulta para elegir sus delegados al congreso nacional que realizará en mayo. Pidió instalar mesas en todos los municipios (1.102) donde se dispusieron urnas. Los votos fueron unos 417.000.
El Centro Democrático pidió la consulta con carácter limitado, para definir candidatos a concejos, asambleas y JAL en 52 municipios. El Conservador la organizó para 18 municipios, y el Liberal para las JAL de 10 municipios, teniendo como objetivo principal la reorganización de sus estructuras locales para la próxima campaña a la Alcaldía de Bogotá, un fortín apetecido.
Seguramente los cuatro partidos estarán haciendo balances de los logros alcanzados, sin que ninguno pueda dar como suficiente ni sus niveles de apoyo popular ni el óptimo engranaje de sus organizaciones regionales.
Es claro que las consultas internas serían un poderoso factor legitimador cuando los partidos políticos tuvieran verdadera fortaleza programática y sólida organización interna. A pesar de estar teóricamente concebidas para ampliar la participación democrática, los magros resultados de estas consultas pueden traer efectos adversos, como la consolidación de la apatía, el alejamiento progresivo de la ciudadanía de los programas de los partidos, y el desdibujamiento de las colectividades políticas como bloques de representación de las opiniones e intereses de amplias capas de la población.
Es verdad, como lo señalaba el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, que no es lo mismo un proceso electoral de consultas internas que uno nacional, donde hay mayor participación por el efecto arrastre de las campañas masivas y la mayor cobertura informativa.
Surge la duda de si realmente la consulta interna es el mecanismo más idóneo para ciertas decisiones de los partidos, que bien podrían tramitarse por mecanismos de participación interna, en asambleas o congresos, con votaciones directas de sus propios afiliados. Comprometer toda la organización electoral nacional, con participación abierta incluso de votantes que no son afiliados ni militantes de esos partidos, también es un factor que genera desviaciones de las auténticas corrientes de opinión normales dentro de ellos.
El mismo domingo, siendo evidente la baja participación electoral, el gobierno, a través del ministro del Interior, abrió paso a la revisión de estos mecanismos de participación, para hacerlos más racionales y para no comprometer en ellos tantos recursos públicos.
Aparte de la obvia necesidad de reorganizar los partidos internamente y de consolidar sus estructuras, habría que fijar un tope mínimo de votaciones para que sean ellos los que cubran los costos en caso de no alcanzar un umbral mínimo de apoyo ciudadano.