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Solo faltaba que el presidente Gustavo Petro le fallara también al Valle del Cauca. Ya había dejado a medio camino obras estratégicas en Antioquia, Medellín, Bogotá, Atlántico y Barranquilla, y ahora incumple con un departamento que, como pocos, lo ha respaldado electoralmente.
El Valle del Cauca esperaba que el Gobierno financiara el 70% del Tren de Cercanías, un proyecto de $12 billones, pero Petro dejó vencer el plazo –por el inicio de la Ley de Garantías– y respondió: “¿Acaso parte de la bancada vallecaucana no hundió la ley de financiamiento, una y dos veces?”. Según su lógica, las obras no se aprueban por necesidad o impacto social, sino por conveniencia política.
El Presidente agregó que debía “priorizar la salida al mar de los centros de producción nacional”. Pero los hechos desmienten sus palabras. El país es testigo de cómo abandonó el Túnel del Toyo, vital para conectar el interior con el puerto de Urabá. Fueron la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín las que asumieron la responsabilidad, para evitar que se convirtiera en un elefante blanco.
Son las regiones las que están sacando la cara por el país. Muchos mandatarios locales han asumido obras que le corresponden a la Nación. No es un gesto heroico, es una respuesta necesaria ante un Estado central que se queda con los impuestos sin redistribuirlos para impulsar el desarrollo.
Estas inversiones están jalonando el crecimiento económico y generando empleo. Medellín, por ejemplo, tiene en marcha planes de renovación urbana que se reflejan en una tasa de desempleo del 6,4%, la más baja del país.
Sin embargo, la gestión local se está haciendo en solitario. El presidente Petro, que predica sobre descentralización, ha castigado a las regiones, en especial a aquellas cuyos líderes han cuestionado sus políticas. Utiliza los recursos públicos como premio o castigo, según la cercanía ideológica de los gobernantes.
Así lo ha hecho con Antioquia y Medellín, Atlántico y Bogotá, y ahora con el Valle y Cali. A pesar del respaldo electoral que recibió en el occidente del país, ahora parece tomar represalias porque algunos congresistas le han bloqueado sus reformas.
El más reciente conflicto es con la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, y el alcalde de Cali, Alejandro Eder, por la falta de apoyo al Tren de Cercanías que busca conectar Cali con Jamundí. La Nación debía aportar cerca de $8 billones. Petro justificó su negativa con el argumento de que la bancada del Valle no apoyó la ley de financiamiento ni su reforma a la salud, y dijo que priorizaría otro proyecto: el tren entre Buenaventura y Yumbo, que no tiene estudios ni financiación. La gobernadora calificó esta postura como una “venganza política”, y el alcalde la respaldó, afirmando que el problema no era el dinero, sino la voluntad política.
El Tren de Cercanías es clave para la movilidad y competitividad del Valle, una región golpeada por problemas de orden público. Ya estaba lista para aportar $3,5 billones, el 30% del costo. Pero Petro incumplió, incluso con sus propios electores.
No es la primera vez que se evidencia esta actitud. En un chat del ministro del Interior, Armando Benedetti, durante un debate sobre la consulta popular, este pidió “pararle todo a la gobernadora del Valle” por haberlos “traicionado”. Y lo han cumplido.
El caso del Valle replica un patrón. En Medellín, Petro mantuvo una disputa con el alcalde Federico Gutiérrez por la venta de acciones de EPM en UNE. Con el gobernador de Antioquia, Julián Rendón, chocó por la financiación de vías de cuarta generación, incluido el Túnel del Toyo, cuyo costo supera los $3 billones. Según Petro, esas obras solo beneficiaban a los “ricos de El Poblado”, una mentira sin pudor, que ignora su impacto para toda la región.
Además de negar recursos, Petro confronta a los líderes en sus territorios. Organizó un tarimazo en La Alpujarra con jefes de bandas criminales, y atacó a los alcaldes de Medellín y Cali cuando viajaron a Washington a exponer los riesgos de una posible descertificación. Los acusó de traición y amenazó con sanciones.
También ha tenido choques con el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, por el metro. Intentó frenar el proyecto a toda costa, sin importar las consecuencias legales, económicas o sociales, todo por su capricho de un metro subterráneo.
Los mandatarios locales han enfrentado estos tres años sin apoyo del Ejecutivo. En vez de un socio institucional, han tenido un obstáculo permanente. Petro no gobierna para todos, sino solo para los que le son afines. Y cuando ve progreso en las regiones, parece que lo carcomiera ese sentimiento indeseable de la envidia. No construye, pero tampoco deja construir..