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Mientras el buque de guerra más grande del Pentágono entra en aguas latinoamericanas y aumentan las tensiones de Estados Unidos con Venezuela, la decisión de la administración Trump de rescindir el Permiso de Protección Temporal (TPS) a 600.000 venezolanos se vuelve cada vez más desconcertante. Si las condiciones de vida en el país vecino no han cambiado y el régimen de Maduro continúa enrocado ¿por qué exponerlos a la deportación ahora?
Estos últimos días han dado mucho qué pensar respecto a la coherencia de las decisiones que se toman en el país del norte. Por un lado tenemos la llegada del USS Gerald R. Ford, considerado el portaaviones más nuevo y más grande del mundo, al área de responsabilidad del Comando Sur de los Estados Unidos, que cubre América Latina y el Caribe. El despliegue del barco y del grupo de ataque que lidera, que incluye docenas de aviones y barcos destructores, un submarino de propulsión nuclear y un avión con sede en Puerto Rico, marca la mayor presencia militar estadounidense en la región desde la invasión de Panamá en 1989.
Por el otro lado, desde el fin de semana pasado 250.000 venezolanos, que se suman a 320.000 que ya lo habían perdido, se quedaron sin el amparo del TPS, con lo cual se ven privados de autorización de residencia y trabajo en Estados Unidos después de años de trabajo y arraigo. Esto por orden de Donald Trump que quiso así acabar con la política que había emprendido su predecesor Joe Biden en marzo de 2021 para darles cobijo. Por cierto, esta es la primera vez en 35 años que una administración federal rescinde completamente el estatus TPS para una nacionalidad completa.
Y pese a que se esgrimen razones para el despliegue militar como la lucha contra el narcotráfico, para nadie es un secreto que lo que Estados Unidos intenta es presionar a Nicolás Maduro para que abandone el poder que obtuvo en las últimas elecciones viciadas que se dieron en Venezuela y que mantienen al país en una crisis política, social y económica permanente. Tan es así, que la Agencia Central de Inteligencia (CIA) ha sido autorizada para llevar a cabo operaciones dentro del vecino país. Nada ha cambiado para bien en el país vecino, al contrario, la situación es cada vez más asfixiante.
Por eso, las razones por las que se les concedió el beneficio del TPS a los venezolanos que lo solicitaron siguen estando vigentes. Se entiende que su carácter siempre ha sido provisional, pues no otorga estatus de residente permanente ni conduce a ciudadanía, pero lo valioso está en que proporciona resguardo a los migrantes mientras persisten las condiciones extraordinarias en el país de origen que hacen inseguro el regreso de sus ciudadanos.
Con la eliminación de esa protección, 600.000 venezolanos han quedado en riesgo de ser perseguidos, maltratados y detenidos para luego ser deportados de manera inmediata. Henrique Capriles, uno de los más firmes opositores al régimen de Maduro, escribió que “obligarlos a volver sin garantías de libertad, democracia ni condiciones de vida dignas no solo es injusto, sino que también viola sus derechos humanos”.
El asunto es que Donald Trump está empecinado en el tema porque prometió durante su campaña endurecer la política migratoria y ahora dice que Venezuela ya no cumple los requisitos estatutarios del TPS. Matthew Tragesser, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), afirmó que “al sopesar la seguridad pública, la seguridad nacional, los factores migratorios, la política de inmigración, las consideraciones económicas y la política exterior, está claro que permitir que los ciudadanos venezolanos permanezcan temporalmente en Estados Unidos no es lo mejor para Estados Unidos”.
Frente a este panorama, muchos venezolanos decidieron dejar el país. Cerraron sus casas y volvieron a Venezuela o se marcharon a países como España y Colombia. Pero la mayoría se quedará en Estados Unidos, con documentos o sin ellos, porque ya han hecho su vida allí y temen volver al lugar donde muchos fueron perseguidos o torturados por el régimen de Nicolás Maduro.
En marzo de 2025 un juez federal de San Francisco bloqueó la iniciativa de Trump al considerarla “arbitraria, caprichosa, y motivada por animosidad inconstitucional”. Ocho meses después más de medio millón de personas se han convertido en inmigrantes ilegales en Estados Unidos, mientras la perspectiva de regresar a su país de origen sigue siendo una pesadilla.