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Si uno hace una búsqueda rápida en Google aparecen decenas de notas, reportajes y videos, desde diciembre del año pasado, en los que se proclama que Buenaventura será un laboratorio de la política de “paz total” del Gobierno Nacional.
Cuando el puerto completó 80 días sin homicidios, no desaprovechó el Gobierno la oportunidad para una exhibición publicitaria y allí en tarima estuvieron el presidente Gustavo Petro, la vicepresidenta Francia Márquez y el comisionado de paz Danilo Rueda.
En efecto, al principio todo parecía marchar bien. La Iglesia jugó un papel crucial en lograr una tregua entre las bandas armadas. Esa gestión, inherentemente riesgosa y desinteresada, debe reconocerse a la Iglesia y a sus ministros, que muchas veces tienen el valor de ir a meterse donde ninguna persona razonable se metería.
Pero quienes conocían de cerca la situación sabían que esta calma era aparente y temporal. La Iglesia no puede sola: si el Gobierno llega después con un cargamento de malos incentivos, no hay nada que se pueda hacer.
Por esas mismas fechas, el entonces presidente del Senado Roy Barreras se atrevió a criticar este “laboratorio de paz” afirmando que, en la práctica, lo que se había hecho era dividir la ciudad en zonas de influencia de las bandas armadas, donde ellas seguían ejerciendo el control y manteniendo los negocios de narcotráfico y extorsión.
Cuando anunciaron el ‘laboratorio de la paz total’ en Buenaventura se presentó como un enfoque nuevo para lograr la pacificación que no implica el ejercicio de la autoridad, y que no necesita método ni estrategia. Sus bases, en cambio, son la mano tendida que el Gobierno ofrece a todo tipo de organizaciones armadas, la promesa de que habrá un tratamiento indulgente, e incluso, en el caso de ciertas organizaciones, algún grado de cercanía y afinidad con su ideario político.
Los resultados, lamentablemente, no sorprenden. El pasado fin de semana se conocieron esos videos escalofriantes en los que hombres armados (y armados con armas de guerra) anuncian enfrentamientos con otras bandas. Difícil tener otros resultados partiendo, como se partió, de unas premisas ingenuas, que llevan a una falta de planeación y a un diseño inadecuado. Y esto lo decimos con el dolor de saber todo lo que viene en sufrimiento para la comunidad bonaverense.
Algunos observadores han dicho que esto no significa el fracaso del proceso, y atribuyen la situación únicamente al hecho de que, por no haberse aprobado en el Congreso una ley de sometimiento (un marco jurídico para dialogar con organizaciones no políticas), no se han podido iniciar en este puerto las mesas de conversación.
Recordemos que fue el propio gobierno nacional el que pretendió iniciar un proceso acelerado no solo con estas bandas, sino con otras similares en el país, sin que hubiera un marco normativo específico que lo regulara. Y fueron solo las advertencias las que hicieron que el gobierno optara por llevar al Congreso un proyecto de sometimiento. ¿Y qué pasó con este? Que fue víctima de la terquedad del mismo gobierno, que se empeñó en una reforma a la salud impopular la cual se volvió un taco que frenó al resto de la agenda.
Aquí creemos que semejante manifestación de poderío armado, y semejante despliegue de amenazas, no se explican por algo como la falta de una ley. Son, claro, situaciones sistemáticas que vienen de atrás, alimentadas por el narcotráfico. Pero empoderadas en esta ocasión por una política mal diseñada, cuyos incentivos solo llevan a los criminales a fortalecerse más y a hacer más y más exhibición de su poderío. Todo en este proceso, la generosidad extrema, la celeridad del gobierno para complacer a las organizaciones armadas, y la evidente disposición a conceder todo lo que ellas quieran, es el mejor incentivo para mostrar los fusiles.
De modo que sí, Buenaventura sí es el “laboratorio de la paz total”, y ese laboratorio hizo temprana explosión, y nos está mostrando a qué conduce esa política.
Y en medio está la gente, que seguirá sufriendo, mientras el gobierno rehusa cumplir su obligación fundamental de protegerla. La respuesta del comisionado Rueda, similar a las de otras ocasiones, es pedirle a la gente que aguante y resista. Es una respuesta totalmente inaceptable.
Por supuesto los problemas de Buenaventura no son de ahora, son de mucho más atrás, pero todo indica que el Gobierno en vez de empezar a resolverlo parece echarle más leña al fuego.