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“Hay que pararle todo a la gobernadora del Valle. Nos traicionó y de qué manera”. Así, corto pero contundente fue el mensaje que el ministro del Interior, Armando Benedetti, le envió por chat a un contacto identificado como Ministro de Hacienda.
Con esto se revela una vez más cierta forma de operar del gobierno de Gustavo Petro: el uso de los recursos públicos como si fuera la cuenta bancaria personal del Presidente de la República. No se toman decisiones de presupuesto en función de hacerle el bien a la comunidad sino conforme a los odios y los amores del gobernante.
Pero no solo les quitan los recursos, el presidente Petro agravia a los alcaldes de Medellín, Montería o Bogotá simplemente porque no se unieron al día cívico del 18 de marzo convocado por el Gobierno. A veces los deja plantados sin mayor respeto por el tiempo de ellos, y ante la violencia desbordada en sus territorios les aplica el látigo de la indiferencia.
Este maltrato ha tenido múltiples destinatarios. Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, ha debido sortear ataques permanentes contra el metro, la obra de infraestructura más importante de la capital, solo porque no responde al modelo del presidente. Lo mismo ha ocurrido con Federico Gutiérrez, en Medellín, y Andrés Julián Rendón, en Antioquia, que como hemos documentado es una de las regiones más golpeadas por el desdén presidencial.
Y ahora el turno es para la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro. En su caso, a diferencia de los otros, la retaliación obedeció a que su partido no acompañó al Gobierno para aprobar la consulta popular en el Senado. La gobernadora no se quedó callada y respondió, con toda razón, que se trata de un uso indebido del poder porque los derechos de los ciudadanos y las competencias del gobierno nacional no pueden ser usadas como herramientas de presión. Y presentó un listado de proyectos que están en el limbo: el Tren de Cercanías, el acueducto y el dragado del canal de acceso del puerto de Buenaventura, la modernización del aeropuerto Alfonso Bonilla y la vía Mulaló-Loboguerrero.
Y así como ella varias entidades territoriales podrían hacer su memorial de agravios. En un reciente editorial mostramos cómo Medellín y el departamento, en vez de quedarse esperando que el Presidente cumpla sus funciones se han puesto las botas y han sacado los proyectos prioritarios para la región, como el túnel del Toyo, el más largo de América Latina, o las ayudas económicas para los adultos mayores en situación de pobreza, o las líneas de crédito para estudiantes y para las familias que quieren adquirir una vivienda.
El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, también ha tenido que hacerle frente a las trabas, obstáculos y permanentes ataques del presidente contra el metro de Bogotá, la megaobra que tiene más de un 50% de avance y que será realidad después de décadas de promesas. Cómo Petro no logró sacarla adelante no soporta que otro mandatario sí lo esté haciendo.
Convertir el respaldo político en criterio de distribución presupuestal es una perversión del orden constitucional. Significa usar el Estado como herramienta de coerción y premiar o castigar a los territorios según su alineación con el proyecto presidencial, ignorando que esos recursos no pertenecen a un gobierno, sino a los ciudadanos.
Peor aún, este comportamiento revela un talante que recuerda más al de un reyezuelo que al de un jefe de Estado democrático. Querer acabar políticamente —y financieramente— con todo aquel que no se someta a su ideario personal, es propio de regímenes autoritarios, no de una arquitectura institucional de pesos y de contrapesos. Exigir sumisión como condición para recibir atención del Estado es una afrenta a la soberanía popular.
El centralismo vengativo que ha intentado imponer no puede ser la regla en una república que se precia de ser democrática. Las regiones no son satélites del poder presidencial ni deben mendigar lo que les corresponde por derecho. Colombia necesita un gobierno que escuche y construya, no que castigue y divida. Porque, al final, no son los alcaldes ni los gobernadores los más perjudicados: son los ciudadanos los que cargan con el peso del capricho presidencial.
Gustavo Petro no debe olvidar que es el presidente de todo un país, que gobierna para los 52 millones de habitantes, no solo para los 11 millones que votaron por él. Hacerlo de otra manera es fallar en el ejercicio de su cargo.