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La Unión Europea (UE) avanza hacia el desmantelamiento de principios que la inspiraron desde su fundación. La aprobación del nuevo reglamento de retornos que comenzará a ponerse en práctica hoy, 12 de junio, no es un simple ajuste administrativo. Representa un giro drástico en la política migratoria comunitaria. La urgencia ha puesto en pausa el humanismo.
El acuerdo fue sellado el 1° de junio entre el Parlamento y el Consejo europeos, tras meses de negociaciones que arrancaron en marzo de 2025, y su propósito declarado es aumentar la tasa de deportaciones reales, que hoy no es más del 28% de las expulsiones ordenadas.
Para lograrlo, unifica los procedimientos en los 27 Estados miembros mediante una Orden Europea de Retorno, las denegaciones de asilo las vincula automáticamente a una orden de expulsión, amplía los poderes de detención administrativa y habilita centros de confinamiento en países fuera del territorio comunitario. Bruselas lo recibió con elogios como un “resultado clave” de la agenda política de la belga Úrsula Von der Leyen, como presidenta de la Comisión Europea.
Europa ha decidido normalizar institucionalmente prácticas que hasta hace poco eran patrimonio de los movimientos más radicales. El modelo de centros de deportación externos en Albania, aquella polémica estrategia de Giorgia Meloni que otrora generó escándalo en Bruselas, ya no es una anomalía: hoy constituye la política oficial del club comunitario.
Durante años, Bruselas descalificó como extremistas propuestas que hoy adopta como propias. Lo que comenzó como la bandera de partidos considerados radicales en Hungría, Italia, Austria o Francia terminó desplazando el consenso político de todo el continente. La migración masiva de la última década modificó profundamente los sistemas políticos de Europa y el equilibrio de sus valores.
Los defensores de la nueva normatividad piden eficiencia logística para las deportaciones, y esto prima ahora sobre las garantías procesales que Europa tenía como bandera: el nuevo marco legal ensancha los límites de la detención administrativa hasta los 30 meses e incluirá a familias enteras con niños.
La Comisión Europea planea recibir representantes del gobierno talibán para acelerar expulsiones hacia Afganistán. Países como Dinamarca, Austria y Países Bajos buscan socios en África o Europa Oriental para trasladar permanentemente el control de sus fronteras a terceros países y detener a los migrantes antes de que lleguen a territorio europeo.
El único país de la UE que votó en contra fue España, un esfuerzo que resultará insuficiente ante la mayoría en la Eurocámara. Conservadores, nacionalistas y buena parte del centro político europeo coinciden ahora en endurecer el acceso al continente.
Durante buena parte de la segunda mitad del siglo XX, Europa se presentó ante el mundo como una potencia legal. No imponía su influencia mediante ejércitos ni recursos naturales, sino a través de la promoción de los derechos humanos, el Estado de derecho y las libertades civiles. Esa autoridad moral le permitía exigir estándares democráticos a terceros países. El problema es que resulta cada vez más difícil defender esos principios desde Bruselas mientras se financian centros de confinamiento en terceros Estados o se negocian deportaciones con gobiernos que violan sistemáticamente los derechos fundamentales.
Este reglamento fija un precedente inquietante para la comunidad internacional. La obsesión por expulsar socava progresivamente el derecho universal de asilo. El bloque comunitario cambia protección y refugio real por muros de contención remotos.
La ironía es que muchas de las economías europeas enfrentan un acelerado envejecimiento demográfico. Alemania, Italia, España y Francia necesitarán millones de trabajadores en las próximas décadas para sostener sus sistemas productivos y pensionales. Europa parece debatirse entre una necesidad económica de largo plazo y un temor político de corto plazo.
Resulta alarmante la velocidad con la que se tramitan estas leyes. Los propios servicios jurídicos del Consejo de la UE han expresado serias dudas sobre algunos aspectos del modelo. Las complicaciones legales y éticas serán considerables. Gran Bretaña ya fracasó con su plan en Ruanda. Italia gasta millones en Albania con resultados modestos. Aun así, Europa insiste en el mismo camino.
Frente a este endurecimiento institucional, y a propósito de su visita a España, el papa León XIV calificó la gestión de los flujos migratorios como un “trágico drama” y reclamó justicia social y canales seguros. Su discurso recordó una idea sencilla pero poderosa: la grandeza moral de una sociedad se mide también por la forma en que trata a quienes llegan sin nada.
Europa tiene derecho a controlar sus fronteras. Ningún Estado puede renunciar a esa responsabilidad. La pregunta es otra: qué está dispuesta a sacrificar para hacerlo. Las civilizaciones rara vez abandonan sus principios de un día para otro. Normalmente los erosionan poco a poco, convencidas de que las circunstancias excepcionales lo justifican. El riesgo para Europa no es perder el control de sus fronteras. Es descubrir, cuando la crisis pase, que en el intento dejó atrás parte de aquello que la convirtió en un referente para el mundo.