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La historia de Fausto es tal vez una de las narrativas cumbre en la civilización occidental. Se trata de un hombre obsesionado e insatisfecho con el mundo. En medio de su desesperación, hace un pacto con Mefistófeles y le entrega su alma a cambio de placeres y sabiduría ilimitada. Al principio goza de estos dones sin medir las consecuencias, creyendo que ha encontrado el verdadero poder. Pero poco a poco se da cuenta de que su existencia se ha convertido en una espiral de vacío y desesperación, mientras ve cómo destruye y hace sufrir con cada decisión que toma a muchos a su alrededor.
Algo parecido puede estar ocurriendo en Colombia, dos siglos después. El presidente Gustavo Petro ha hecho un pacto con Armando Benedetti, le entregó a cambio su proyecto político, haciendo una purga en su gabinete, sacrificando a quienes más creían en él y lo nombró ministro del Interior para que con su ‘magia negra’ haga aprobar la cuestionada reforma a la salud. El resultado, advierten los expertos, sería el desplome de un sistema que bien les ha servido a 50 millones de colombianos durante los últimos 30 años.
Los libros entonces tal vez dirán que un mandatario enceguecido por una obsesión ideológica le entrega un bien tan sublime como es el futuro de la salud a una persona llamada a juicio por tráfico de influencias en la Corte Suprema. El pacto consiste en que este le entrega en bandeja de plata los votos de los congresistas, para que aquel pueda aprobar su reforma y al fin satisfacer su desmedida ambición, y a cambio Petro le da a Benedetti un poder con el que cree poder manejar los hilos del poder y librarse de la eventual cárcel.
Produce una profunda indignación ver que los protagonistas de la foto de la aprobación de la reforma a la salud sean personajes como Benedetti y la congresista antioqueña María Eugenia Lopera, una ficha que puso allí un cuestionado exsenador, que no solo ha estado enredado por un diploma falso o por repartirles a periodistas 150 tabletas digitales en una fiesta, sino también por líos aún de mayor calado.
¿Cómo puede un proyecto que afecta la vida y la salud de millones de colombianos ser gestionado por personas con este tipo de antecedentes?
Por ahora este pacto siniestro les está dando resultados: la Cámara aprobó en su segundo debate la reforma. Faltan solo dos debates del Senado –comisión y plenaria–, y si queda alguna luz de esperanza es que, precisamente, en la Comisión Séptima del Senado se hundió la primera versión de la reforma. En ese entonces, el voto de una valerosa senadora antioqueña, Berenice Bedoya, fue definitivo para bloquearle el paso en el Congreso. Esta vez se abre de nuevo el interrogante de qué podría pasar con Benedetti a bordo.
Pero más allá de quiénes están detrás, lo realmente alarmante es el contenido de la reforma. El sistema de salud colombiano, con sus defectos, había logrado tener un aseguramiento en salud para el 100% de los colombianos. Un logro monumental. Y además, las encuestas hechas por el mismo Gobierno revelaban que en 2022 la satisfacción de la gente con las EPS y con el sistema era de al menos el 75%. Esas dos cifras más el hecho de que el colombiano es el sistema de salud de toda la OCDE que menos les cuesta en el bolsillo a los usuarios, nos pone ante un verdadero milagro social.
El problema es que ahora Gustavo Petro en vez de remediar los baches decidió acelerar el colapso del sistema. En octubre de 2024 se registraron 186.000 quejas por problemas de acceso a la salud, casi tres veces más que en octubre de 2020. Es decir que 6.200 personas cada día vieron vulnerado su derecho fundamental a la salud.
El desastre no es accidental. La exministra de salud de Petro, Carolina Corcho, lo dejó claro desde el inicio del gobierno: se necesitaba una crisis explícita para justificar la reforma. Y Petro la ejecutó con precisión quirúrgica. A través de recortes presupuestales y presiones sobre las EPS las fue llevando al borde de la quiebra. Su promesa de que las EPS caerían como fichas de dominó se hizo realidad: Sanitas, Sura y Compensar pidieron su retiro del sistema; la Nueva EPS, intervenida por el Gobierno, multiplicó por diez su cartera vencida en solo seis meses, pasando de 89.000 millones de pesos a casi un billón; y Audifarma, que atiende a 2,8 millones de personas, entró en insolvencia.
Por no hablar de las instituciones prestadoras de salud que tampoco han escapado a la debacle: cerca de 3.000 IPS en todo el país están cerrando o al borde del cierre. La deuda del Estado con ellas alcanzó los 18,9 billones de pesos antes de terminar 2024.
El efecto lógico de esta asfixia financiera es el colapso progresivo del sistema. Pacientes que pasan de hospital en hospital buscando quién los atienda, clínicas que rechazan usuarios porque las EPS no pagan, farmacias sin medicamentos esenciales y un aumento en diagnósticos tardíos de enfermedades graves. En el último año, los casos de cáncer invasivo aumentaron un 54%, la insuficiencia renal crónica un 41% y la hipertensión arterial un 36%. Las tutelas por acceso a la salud aumentaron un 43,5%, reflejando la desesperación de quienes ven en la justicia su última esperanza para ser atendidos.
Y entonces nos podemos preguntar ¿cuál es la maravilla que se esconde en la reforma a la salud de Petro, por la cual vamos a renunciar o estamos destruyendo este milagro que habíamos logrado?
Son dos los temas que más ha defendido el Gobierno. El primero, un modelo de atención preventiva con equipos de salud que visitan casa a casa. Petro, desde que fue alcalde de Bogotá, quiso copiar esa idea de Hugo Chávez. Lo que nunca calculó es que mientras en Venezuela la gente no tenía cómo la atendieran en salud, y por eso recibieron de tan buena gana a los médicos cubanos que llegaban a la puerta de sus casas; en Colombia cuando cualquier persona necesita un médico se acerca a su EPS o a su Sisbén y lo atienden. Es decir, mientras en Venezuela partían casi de cero, en Colombia estábamos montados, hasta hace dos años, en uno de los más eficientes y más equitativos sistemas de salud del mundo. Pocos años después el modelo hizo agua en Venezuela.
El segundo tema es que Petro quiere que una sola entidad del Estado maneje los $90 billones de la salud y sacar del juego a las EPS. Lo cual es, básicamente, volver al Seguro Social que existía en Colombia antes de 1993, un esquema fallido, donde solo el 23% de la población tenía acceso a la salud. Los que más sufrían en ese esquema, y sufrirán con el de Petro, son los más pobres.
Lo más grave es que Petro parece dispuesto a llevar el sistema de salud hasta el borde del abismo con tal de consolidar su modelo estatista. ¿Será que el plan siempre fue dejar que todo colapsara para luego decir que el único remedio es la estatización total?
El Senado debe reaccionar antes de que sea demasiado tarde. La salud no puede ser un experimento ideológico ni un botín político. Si esta reforma sigue su curso y el sistema colapsa, Gustavo Petro pasará a la historia como el presidente que destruyó el derecho a la salud de los colombianos.