Editorial

El Plan de Desarrollo en su laberinto

Del trámite de aprobación del PND quedan dos enseñanzas. Una, las mayorías del Gobierno
en el Congreso no están garantizadas, y dos, el concepto de planeación plasmado en la Constitución no está relacionado con lo que hoy se hace en realidad.
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ilustración morphart Publicado el 26 de marzo de 2019

Finalmente, el viernes pasado el gobierno logró la aprobación de su Plan de Desarrollo (PND) en las comisiones conjuntas de Senado y Cámara. El quórum se logró solo a última hora y la iniciativa fue votada por bloques. Una vez surtido este primer paso, el proyecto va a las plenarias en donde se espera no tenga problemas para su aprobación definitiva antes del 4 de mayo.

Sin duda, sacar adelante el Plan representará un éxito para el gobierno. Una vez dicho esto, es conveniente hacer un par de reflexiones. En primer lugar, queda la sensación de que va a ser difícil que en este ambiente en el futuro el gobierno pueda sacar adelante iniciativas tan urgentes, pero tan sensibles, como la reforma pensional. El gobierno estuvo con lo justo y, además, recibió presiones no muy bien intencionadas que llevaron al ministro de Hacienda a manifestar enfáticamente su disgusto.

El proyecto, de otro lado, siguió un tortuoso camino hasta su primera aprobación. Hay que recordar que el Plan de Desarrollo es un documento técnico mediante el cual el Departamento Nacional de Planeación (DNP), que es la entidad encargada de dirigir todo el proceso de formulación, plasma los objetivos del gobierno y el Plan de inversiones dispone los recursos que lo financian y la manera de implementar el PND. El Plan es consultado con la sociedad civil y se va transformando en el proceso de elaboración de la ponencia final que fue la presentada a las comisiones económicas de Senado y Cámara la semana pasada.

Esa dinámica que le imprime la institucionalidad vigente, propicia que al Plan se le vayan agregando (o a veces eliminando) por el camino diferentes propuestas, todo de acuerdo con la capacidad de presión de los interesados y muchas veces sin estar soportadas técnicamente. El Plan de Desarrollo puede ir perdiendo coherencia técnica al final. De ahí que el Congreso deba ser diligente en su labor y lograr la mejor Ley posible.

En algunos casos, las propuestas se cayeron del Plan por inconvenientes como la propuesta de unificar el presupuesto en el Ministerio de Hacienda, ya que en la práctica llevaba al desmonte del DNP, sin ningún estudio a fondo que lo amerite. Cayeron también las iniciativas de modificación de tarifas de impuestos a licores y la modificación de los subsidios de energía, que tenían el gran problema de que deberían examinarse en otro contexto.

En contraste, siguen adelante propuestas antitécnicas, entre otras aquella de aumentar aranceles, algo que debería examinarse con consideraciones de política comercial y en las instancias respectivas y no en el Plan de Desarrollo, ni como un caso puntual. Las medidas para solucionar el problema de energía eléctrica en la Costa Atlántica resultan muy polémicas porque incluyen una sobretasa que deberán pagar los estratos 4, 5 y 6. Sin que quede claro que los recursos frescos sean la solución definitiva.

De la experiencia del trámite de aprobación del Plan de Desarrollo quedan dos enseñanzas esenciales. De una parte, las mayorías del gobierno en el Congreso no están garantizadas, lo que resulta preocupante pensando en el futuro y, de otro lado, el concepto de planeación que está plasmado en la Constitución no está relacionado con lo que hoy se hace en realidad, porque en el camino se diluye su carácter técnico original.

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