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El anuncio del Ministerio de Hacienda de prestar hasta $370 millones de dólares, como participación de la nación en la restructuración de Avianca, ha causado una gran polémica. En un momento en que hay tantas urgencias como consecuencia de la pandemia, el hecho de que el Gobierno comprometa un monto tan importante de recursos en una sola empresa generó fuertes reacciones.
Ya se citó al ministro de Hacienda a un debate de control político para que explique el respaldo técnico de su decisión. Así mismo, sobre la operación están puestos los ojos de los organismos de control. El procurador, en particular, hizo conocer una extensa carta, en la cual pide explicaciones sobre el préstamo teniendo en cuenta la magnitud de los recursos públicos involucrados.
La carta del procurador reconoce que el Gobierno puede, al amparo de la emergencia sanitaria, apoyar a empresas que desarrollen actividades de interés nacional. Para Colombia, un país extenso, montañoso y con un secular problema de infraestructura física, el transporte aéreo es esencial. En 2019, por los aeropuertos nacionales se movilizaron más de 41 millones de pasajeros, 24 de ellos en rutas nacionales. El Gobierno dice que, de acuerdo con Fedesarrollo, sin Avianca, que transporta cerca de la mitad de esos pasajeros, reconstruir la conectividad aérea tomaría 5 años y la economía colombiana dejaría de percibir, en valor presente, 20 billones de pesos.
El problema, y en eso el procurador tiene un punto, es que el tratamiento debe estar disponible para todas las aerolíneas que lo requieran. Todas esas empresas están afectadas por la pandemia y el futuro no está despejado para ninguna de ellas, porque perdieron súbitamente su demanda mientras que debían pagar costos fijos, variables y financieros. Como ya lo aclaró el presidente de la República, se evaluará el apoyo a otras empresas aéreas en dificultades que así lo han solicitado.
Hay que recordar que en el caso particular de Avianca había como precedencia una muy débil situación financiera. La pandemia, por esa razón, hizo que la empresa se enfrentara a su desaparición. En esas condiciones, sin restructurarse se limitaban las posibilidades que tenía el Gobierno para acudir en auxilio de la aerolínea más importante del país, de forma que al superarse la emergencia sanitaria se pudiera contar con el transporte aéreo para apoyar la reactivación de la economía.
En virtud de la ley de quiebras estadounidense, a la que se acogió Avianca, la empresa debe restructurarse con un plan detallado, que debe ser aprobado por un juez. Eso hace que el crédito sea contingente. Con esa restructuración, el Gobierno ya puede apoyarla porque, si se aprueba el empréstito, tiene la certeza de que la empresa se verá obligada a cumplir con altos estándares corporativos en el manejo de los riesgos y la disciplina de capital. También de que el país va a tener garantías reales (activos en el país, programa de millas, entre otros) para recobrar su dinero como acreedor si, finalmente, la empresa es inviable.
Es muy importante que Colombia no pierda su transporte aéreo. En ese aspecto el Gobierno tiene toda la razón y es, definitivamente, una prioridad de la política pública. Sin embargo, por transparencia debe ofrecer las explicaciones que se requieran acerca del alcance y condiciones de ese rescate. Al fin y al cabo, los recursos del préstamo son dineros públicos que se deben cuidar con esmero.