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Empresas Públicas de Medellín dio a conocer la semana pasada el estudio técnico contratado por ella para determinar la causa raíz física que dio lugar al taponamiento en uno de los túneles de Hidroituango luego del cual se desató el cúmulo de contingencias que generaron una dificilísima situación en la megaobra.
La firma chileno-sueca Skava fue la encargada de hacer los estudios. En su presentación, aclararon varios puntos que deben tenerse en cuenta para no sacar conclusiones equivocadas. En primer lugar, que hicieron el estudio de causa raíz física del taponamiento de la Galería Auxiliar de Desviación (GAD), pero que la determinación de responsabilidades corresponde a otros estudios y otras instancias. Segundo, que para el estudio en la GAD, la zona donde se presentó el taponamiento no es accesible, y por ello “la causa raíz física y algunos factores contribuyentes no han podido ser verificados en forma directa dada la imposibilidad de acceder al interior del túnel”.
En el estudio de casi 200 páginas se detallan los procedimientos y aspectos técnicos, muy especializados, para llegar a la conclusión final: la obstrucción del túnel auxiliar de desviación GAD, se debió a la “erosión progresiva en zonas de debilidad de la roca”, localizadas en el piso del túnel, las cuales no fueron debidamente tratadas por una deficiencia en el diseño durante la etapa de asesoría.
En la presentación del informe, el gerente General de EPM, Jorge Londoño de la Cuesta agregó que este informe lo entregaron al Consorcio Generación Ituango (compuesto por Integral Ingeniería de Consulta S.A. e Investigaciones Geotécnicas Solingral S.A.), responsable del diseño y asesoría del proyecto, para que “aporten sus análisis al respecto”. EPM no adelantó qué tipo de acciones emprenderían, y explicaron que las aseguradoras y reaseguradoras contrataron sus propios estudios de causa raíz para determinar si pagan las pólizas o se abstienen de hacerlo. Una decisión crucial y con enormes consecuencias para EPM, para el proyecto y para el país.
El consorcio aludido tendrá que ofrecer las explicaciones, no solo las que pide la opinión pública, sino, ante todo, las derivadas de sus responsabilidades contractuales y legales. Como las tendrán que dar quienes decidieron en su momento ordenar el inicio de la obra de ese tercer túnel sin que, según informe de la Contraloría General de la República, tuvieran las licencias requeridas.
Paulatinamente se presentarán otros informes y dictámenes periciales. Los entes de control, las agencias ambientales y la Fiscalía prosiguen sus investigaciones. Las responsabilidades habrán de estar determinadas en decisiones jurídicas, basadas en pruebas, y no lanzadas frívolamente al impulso de los micrófonos sin medir las consecuencias de su egoísmo.
EPM ha ratificado que el proyecto sigue adelante y que en 2021 iniciará la generación de energía en la hidroeléctrica que ha tenido en vilo al país en el último año. Los actuales gestores del proyecto, y los que asuman a partir de enero del año entrante las responsabilidades políticas y gerenciales, deben persistir en la culminación exitosa de la obra, en el proceder con transparencia y en la atención de las necesidades de las comunidades hoy afectadas, y ojalá mañana beneficiarias de los réditos sociales de la hidroeléctrica..