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Hagamos cuentas. En diciembre pasado el gobierno de Gustavo Petro radicó en el Congreso una reforma tributaria que buscaba recoger $12 billones de pesos y sufrió una estruendosa derrota. Se la tumbaron, entre otras cosas por la desconfianza en la capacidad del Gobierno para utilizar bien esos recursos.
¿Cómo se explica entonces que ahora, apenas ocho meses después, Gustavo Petro presente una nueva reforma tributaria al Congreso con la cual pretende recoger $26,3 billones, es decir, más del doble de lo que aspiraba recaudar aquella reforma fallida?
La primera explicación podría ser que se trata de un error de estrategia de la Casa de Nariño. Algunos creerán, incluso, que no hicieron buenos cálculos del momento político y electoral. Pero esa interpretación se cae de su peso. Ni Petro ni su ministro Benedetti son novatos y saben bien que esa reforma tiene una alta probabilidad de que no pase el primer debate. Según un informe que publica hoy EL COLOMBIANO, de los 17 senadores de la comisión que debe debatir la reforma, 11 ya han dejado saber que la tumban.
De manera que no sería descabellada la tesis de que Petro lo que busca con esta tributaria es ganar con cara y con sello. Ganar si se la aprueban y ganar si se la tumban. Si se la aprueban tendría más caja para gastar, pero si se la tumban tendría renovada artillería para sus narrativas del estilo “es que a Petro no lo dejan”.
La estrategia no sería nueva: el relato de la frustración como justificación. Pasó el año pasado: los ministros uno a uno le echaban la culpa de los fracasos de sus carteras a la no aprobación de la tributaria. Y ahora ya se escuchan voces desde la Casa de Nariño advirtiendo que, sin mayores ingresos, no habrá posibilidad de ejecutar los programas sociales.
Aunque ese argumento cada vez pierde más fuerza cuando el país observa el despilfarro de recursos, la ineficiencia en la ejecución del presupuesto y la ausencia de obras de impacto. No se trata de falta de plata, sino de falta de gestión.
Ni el exministro de Hacienda Alberto Carrasquilla se atrevió a tanto cuando presentó una reforma que fue la excusa para el estallido social de 2021.
Estamos ante un verdadero garrotazo tributario, la reforma que más dinero aspira a recaudar en la historia del país. La propuesta de aumentar el precio de la gasolina por encima de los 17.000 pesos y del diésel hasta los 12.000 es un ejemplo de desconexión con la realidad: encarecer el transporte de carga es poner un impuesto directo a los alimentos. De igual forma, gravar la cerveza, el vino o los espectáculos deportivos puede parecer una anécdota fiscal, pero es un golpe simbólico a la cotidianidad de millones de colombianos. Pero también cobrará IVA del 19% a las rifas y las apuestas, a los vehículos híbridos, a las compras por Temu y Amazon, y a las administraciones de propiedad horizontal.
El gobierno se propone además cobrarle el impuesto a la riqueza a más colombianos: pues ya no sería a quienes tienen $3.585 millones de patrimonio en adelante sino a quienes tengan desde $1.991 millones, con tarifas que irán entre 0,5% y 5%. La tarifa de renta para personas naturales también se incrementa, hasta el 41%, según ingresos. Y hay sectores donde el garrotazo es demoledor como el financiero que pagaría renta del 50%, y el minero y de hidrocarburos que podría llegar a 60% de renta.
Son tantos y tan graves los cobros de nuevos impuestos para todos los colombianos, que la explicación más lógica es que el Gobierno la presentó para que no se la aprueben. Para Petro poder ponerse en la situación en la que parece estar más cómodo: la de victimizarse.
El Congreso tiene ahora una doble tarea: ver como lidia esta reforma que no parece tener destino y, al mismo tiempo, poner en cintura el presupuesto de 2026, que asciende a 557 billones de pesos. Si no lo hace, corre el riesgo de que la narrativa presidencial los convierta en culpables de una crisis fiscal fabricada.
Tal vez la discusión más urgente ya no es cómo recaudar más, sino cómo gastar mejor y garantizar que se cumpla lo que ya está legislado..