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El presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, luego de un periodo plagado de problemas y dificultades políticas, decidió al fin dar por terminada la actual legislatura y convocar elecciones generales anticipadas para el próximo 29 de noviembre.
La pregunta no es por qué tomó la decisión ahora, sino por qué no lo había hecho antes. Su gobernabilidad está reducida a mínimos. Desde hace tres años administra el país sin contar con Presupuestos Generales, una anomalía constitucional inédita desde que se reinstauró la democracia en 1976.
El régimen político español es el de una monarquía parlamentaria. En las elecciones generales los españoles votan por las listas al Congreso de los Diputados (poder legislativo), y es este, una vez conformado, el que propone el nombre de quien vaya asumir la Presidencia del Gobierno (poder Ejecutivo), atendiendo las mayorías parlamentarias. Las legislaturas duran máximo cuatro años, y no es raro ni excepcional que duren menos. De hecho, casi todos los presidentes desde 1978 han anticipado la terminación de alguno de sus períodos.
Se da la paradoja de que desde 2018 el partido de Pedro Sánchez, el PSOE (Partido Socialista Obrero Español) nunca ha alcanzado mayorías suficientes para ungirlo automáticamente como cabeza del Ejecutivo. Desde ese año han tenido que acudir a coaliciones políticas para conformar las mayorías necesarias, coaliciones que le han significado al propio Sánchez, a su partido y, sobre todo, a la institucionalidad española, unas graves cargas que tardarán años en cancelarse.
El PSOE ha tenido una larga lista de escándalos de corrupción desde los años ochenta, a pesar de lo cual sigue siendo una organización política con enorme capacidad de movilizar votantes. En 2023 también hubo elecciones generales anticipadas. Se daba por hecho que Sánchez caería. Ya para ese año los casos de corrupción de su partido y de su propio Gobierno eran materia noticiosa todas las semanas. Contra todo pronóstico, y aunque en cada elección obtenía menos diputados, Sánchez pudo conformar una “mayoría Frankestein” para ser reelegido en el cargo, para lo cual tuvo que concederles hasta lo inimaginable a los partidos independentistas de Cataluña y el País Vasco, cuyo peaje no ha pagado solo él, sino todos los españoles.
Aunque desde que asumió el poder en 2018 Pedro Sánchez ha tenido una relación conflictiva con la verdad y con la coherencia en sus principios, es en esta última legislatura (2023–2026) en la que su ausencia de barreras éticas y su desparpajo para cambiar de opinión, no en cuestión de semanas o días, sino incluso de horas, ha sido verdaderamente pasmosa. Incluso para un político profesional como él, su frialdad para el engaño y la naturalidad con la que perpetra sus trapacerías, son objeto de pasmo entre sus colegas de la Unión Europea.
Ha tenido la habilidad de imponer muchas veces lo que en política contemporánea se llama el relato. Cuenta con la potentísima televisión y radio públicas a su servicio, cuyos programas no son informativos sino abiertamente proselitistas, y con el más grande grupo privado de medios de comunicación, que no es que no lo critique, sino que omite cualquier información que pueda serle lesiva a los intereses políticos y electorales de Sánchez y el PSOE.
El número dos del PSOE, José Luis Ábalos, está en la cárcel, condenado a 27 años por múltiples actos de corrupción. Era la mano derecha de Sánchez. Quien reemplazó a Ábalos, está imputado en otros procesos penales también por corrupción. Manejaba toda la organización interna del partido del cual Sánchez es secretario general desde 2017. Su esposa irá a juicio penal por tres delitos –básicamente por aprovechar su posición para acceder a beneficios y tráfico de influencias– y su hermano ha sido condenado por haber accedido a un cargo público de manera fraudulenta.
La corrupción es un enorme lastre para la imagen del actual presidente, pero la verdadera sombra en su legado es la de haberse tomado todos los espacios, tanto en el sector público como en el privado, y extender su dominio político en áreas tradicionalmente independientes o que eran manejadas con criterio técnico. Con Sánchez la politización ha llegado a límites inimaginables hacía apenas diez años. La pregunta que se hacen muchos analistas españoles es si esa situación será reversible, o si ya ha marcado un precedente tal que los partidos que accedan al poder en el futuro no irán a querer renunciar a esa ampliación abusiva del poder presidencialista, del que podrán disponer a su arbitrio.
En su discurso del pasado 5 de octubre anunciando esas próximas elecciones, Sánchez echó mano de ese maniqueísmo burdo dentro del cual se mueve la política contemporánea. Se identificó a sí mismo con el progreso, la libertad y el amparo a los derechos humanos, frente a una opción política diversa (el Partido Popular, de centro derecha) a la que asimila con el fascismo, el elitismo y el retroceso en las libertades públicas.
Van a ser unas semanas llenas de polarización y de agudización de los conflictos. La madurez democrática de los españoles no solo estará puesta a prueba, sino que es el único dique frente a las manipulaciones y falacias a las que se verán sometidos de forma intensiva los votantes.