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Hay una frase en el expediente de Juliana Guerrero que debería leerse en voz alta: nunca fue a clase, no presentó exámenes, no presentó las pruebas del Icfes. Pero aun así logró un diploma con el cual Gustavo Petro la iba a nombrar viceministra.
Un juzgado de Bogotá aprobó el preacuerdo. Guerrero, viéndose atrapada, finalmente confesó que había incurrido en fraude procesal y reconoció que anexó a su hoja de vida dos diplomas falsos —uno de Tecnología en Gestión Contable y Tributaria y otro de Contaduría Pública— con el propósito de aspirar al viceministerio de las Juventudes.
Juliana, que durante el último año y medio era, a pesar de no tener cargo, la asesora consentida del presidente Petro, recibió una pena de tres años de prisión, multa de cien salarios mínimos y dos años y medio de inhabilidad para ocupar cargos públicos.
Pareciera mucho pero no lo es. La Fiscalía le rebajó el grado de participación de autora a cómplice. La diferencia no es menor: como cómplice el piso de la pena es de tres años de cárcel, lo cual la hace excarcelable, mientras que si la hubieran condenado como autora, la pena sería de mínimo seis años y se habría visto obligada a ir a prisión.
La palabra cómplice, inevitablemente, deja flotando una pregunta: ¿quiénes son los demás responsables de una operación que evidentemente no podía hacer sola?
La representante Catherine Juvinao lo dijo cuando denunció lo que llamó el cartel de los diplomas: el caso de Guerrero es apenas la punta del iceberg. Su investigación identificó al menos 24 contratistas y funcionarios vinculados a 16 entidades del Estado —el Sena, la Dian, la UNP, el Dapre, el Ministerio de Salud, hasta la Aeronáutica Civil— que habrían recibido títulos de la Fundación Universitaria San José sin cumplir los requisitos. Y el gobierno de Gustavo Petro les dio a todos estos graduados, con diplomas inciertos, contratos o salarios por más de 1.100 millones de pesos.
Si de verdad existió un cartel de diplomas, no basta con condenar a quien compró o utilizó el producto. Hay que llegar hasta la fábrica. E incluso al autor intelectual.
Curiosamente cuando el escándalo estalló, el Jefe de Estado no pidió explicaciones, ofreció adjetivos. El mandatario apeló a ese libreto que al parecer nunca le falla: el odio de clases y la sugerencia de que detrás de todo había una persecución. Dijo que quienes criticaban el diploma de Guerrero le querían hacer daño “porque es pobre” y “porque no estudió en los Andes”. Nadie le reclamaba a Juliana no haber pasado por Los Andes. Le reclamaban ese diploma –que a la postre se probó que no existía– y sobre todo que no engañara al Estado y a los colombianos.
Angie Rodríguez, quien se desempeñaba como directora del Dapre, ha dicho que Petro, cuando la iba a nombrar viceministra, “tenía pleno conocimiento de que esos títulos eran falsos” y que protegió a Juliana hasta el final. Ella dice que le advirtió al Presidente de fechas que no cuadraban y del título que no aparecía, pero que el Presidente la acusó de envidiosa.
La Presidencia de la República existe, entre otras cosas, para verificar. Si, como sostiene Rodríguez, Petro recibió una alerta y aún así ordenó seguir adelante, el fraude se convierte en un acto de gobierno. Y resulta todavía más grave si, después de haber recibido esa alerta, salió a defender públicamente el nombramiento.
Lo más irónico es que estamos hablando de un gobierno que llegó al poder con el apoyo militante del magisterio y entregó la educación hecha una ruina administrativa. Viviane Morales, que acaba de estar un mes como ministra de Educación, contó que encontró “la crisis más horrible” del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio. El costo anual de la salud de los maestros se duplicó con el nuevo esquema que impuso Petro (de $2,6 a $5,2 billones), el número de prestadores se desplomó (de 3.000 a 280) y el costo de la UPC de un maestro y su familia ahora es cuatro veces más cara que la del resto de colombianos. Morales trasladó la auditoría a Fiscalía, Procuraduría y Contraloría porque cree que puede haber corrupción.
Juliana y Petro no solo intentaron hacerle fraude al Estado, le dieron también una bofetada a tantos jóvenes que sí madrugaron durante cinco años, estudiaron hasta altas horas de la noche y pagaron sus semestres. Es también una burla para tantas familias que hicieron sacrificios para mandar a un hijo a la universidad y para tantos maestros que cada día se esmeran por enseñarles a sus alumnos que estudiar sigue siendo una de las maneras de progresar y de construir un país mejor.
Porque al final eso es lo verdaderamente tóxico de esta historia: que estudiar cinco años y no haber asistido un solo día a clase puedan terminar produciendo, con el patrocinio del Jefe de Estado, el mismo diploma.