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Editorial

Gobierno y Congreso, segunda parte

Aparte de los temas de habitual preocupación para el país, el presidente Duque puso en la agenda otros que pueden marcar la diferencia en su balance futuro. La eficacia y la ejecución, en el ojo nacional.
<span class="priority-content" mlnid="idcon=33868826;order=2.0">Gobierno y Congreso, segunda parte</span>
Publicado el 23 de julio de 2019

El pasado sábado, 20 de julio, día de festividad patria y de tradicional significación simbólica y republicana, el presidente Iván Duque procedió a la instalación y apertura de las sesiones constitucionales del Congreso.

El balance del primer año es normal que sea una invitación a la convergencia de voluntades -políticas, nacionales- sobre proyectos que apenas comienzan, y que apunte a consolidar un estado de opinión favorable a los grandes ejes que esta administración ha definido como legalidad, equidad y emprendimiento.

Hay asuntos que, desde hace décadas, monopolizan la atención de los gobiernos, independientemente de su color político, y que no por recurrentes y crónicos dejan de ser retos de primera línea para los responsables políticos: el orden público, la inseguridad ciudadana, la persistencia de los estragos de los grupos criminales y la macrodelincuencia, el omnipresente narcotráfico -externo, interno-, la drogadicción, el acuciante fenómeno de los abusos contra menores de edad, entre otros.

Si bien estos problemas podrían considerarse como propios del “giro ordinario” de los gobiernos y demás poderes públicos, en entornos como el latinoamericano, cuya gestión requiere labor día a día, hay otros que mencionó el presidente y que pueden marcar las diferencias de cara a un balance futuro.

Son ellos los de la promoción y expansión de las energías renovables, el fomento a los vehículos eléctricos, el desarrollo de la Economía Circular y la ejecución eficiente de los principios de “reducir, reciclar y reutilizar” como manifestaciones de responsabilidad individual, comunitaria y social con el medio ambiente. O el compromiso de pasar del 0,2 al 1,5 % del Producto Interno Bruto para inversión en ciencia y tecnología; el fomento al deporte con su nuevo Ministerio (“que es para los deportistas y no para los contratistas”); la economía naranja y su foco hacia los proyectos innovadores y creativos.

Compromisos que quedaron esbozados y que, es de presumir, no deberían encontrar el encono opositor con su capacidad de bloqueo para ser convertidos en políticas públicas con el previo respaldo normativo.

El presidente Duque se ha esforzado en emprender sus programas y ha puesto el empeño necesario, con dedicación y presencia en todas las regiones del país. Sabe, y está dispuesto a defenderlo, del derecho del gobierno de impulsar y promover los proyectos que ofreció al país en su campaña. Al ejercer ese derecho democrático, asume también el compromiso de cumplirlos, y de someter a examen su capacidad de ejecución. En las urnas fue refrendado su programa, y es ese el que debe llevar a cabo, no el de los candidatos perdedores, como parecieran quererlo imponer ciertos sectores políticos.

La oposición tuvo voz, a través del senador Jorge Enrique Robledo, si bien acallada por el propio desorden de los congresistas y la penosa actitud del saliente presidente del Senado, Ernesto Macías, que tuvo mal colofón para un período con varios desatinos en su haber.

En todo caso, ojalá los partidos políticos con representación auténticamente democrática en el Congreso, esto es, que han sido elegidos con voto popular, sean consecuentes con la postura que, según la reciente ley de partidos y de oposición, asumieron bien sea como de Gobierno, independientes o de oposición. Que sean conscientes del costo histórico que tendría, más que para el Gobierno, para el país, la imposición de bloqueos institucionales y la parálisis legislativa como muestra de posiciones sectarias que las necesidades del país demandan dejar atrás.

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