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Hay una escena que se repite en el imaginario de los colombianos desde hace generaciones: el contribuyente paga sus impuestos y poco o nada vuelve a saber de ellos. Se diluyen en la bolsa común del Estado y al ciudadano –en un acto de fe– solo le queda confiar en que algo bueno se hizo con su plata.
Por eso vale la pena dedicarle una reflexión al modelo de Obras por Impuestos, un mecanismo creado tras los Acuerdos de Paz de 2016 a partir de una pregunta clave: ¿y si el contribuyente pudiera ver, tocar y hasta auditar el destino exacto de lo que paga? La idea consiste en abrir la puerta para que las empresas privadas puedan pagar sus impuestos a través de obras públicas en los municipios del país más vulnerables.
El Congreso, que aprobó esa reforma tributaria, consideró que el Estado no tenía capacidad fiscal ni institucional suficiente para construir infraestructura básica —vías, acueductos, escuelas, salud— en los territorios más golpeados por el conflicto armado. Se les conoce como Zomac (Zonas más Afectadas por el Conflicto Armado) y hay son 344 municipios en todo el país, de los cuales en Antioquia hay 55 y en Cauca, que es el departamento que le sigue, 23.
Jurídicamente no se creó un impuesto nuevo ni una exención: es una forma de pago. El contribuyente sigue pagando el 100% de su renta, solo que hasta el 50% lo hace en especie —obra construida— en vez de girarlo directamente a la DIAN.
Y en estos años Antioquia ha respondido: 109 proyectos, más de 1,4 billones de pesos, 87 empresas convertidas, por decisión propia y no por decreto, en socias del desarrollo territorial. El 20% de todo lo que se ejecuta en Colombia bajo esta figura ocurre aquí. No es casualidad ni regionalismo. Como se suele decir ahora: son datos y hay que darlos. Es la prueba de que, cuando se estructura bien un instrumento fiscal, el sector privado encuentra razones para asociarse con el Estado.
No es necesariamente fácil. Porque el privado, que bien podría simplemente girar el monto del impuesto y quedar tranquilo, se compromete a meterse en el barro de las obras que como bien sabemos en Colombia traen sus dificultades.
Más reveladoras que las cifras son las obras. No son monumentos ni elefantes blancos, por lo menos en Antioquia. Son doce kilómetros de vía que El Jordán, en San Carlos, esperó durante media vida entre el fuego cruzado de la guerra. Es un alcantarillado en Nueva Colonia, Turbo, para doce mil personas que llevan generaciones bañándose con lo que el cielo les regala. Es agua potable para Cargueros y Bijagual, en Nechí, donde el Estado, como bien lo dijo el gobernador Andrés Julián Rendón, nunca tuvo más presencia que un soldado o un policía de paso.
Y ahora hay un giro que trae a un protagonista inesperado: la Sociedad Hidroituango. Después de 28 años de existencia y de cargar sobre sus hombros la sombra de una tragedia que todavía duele, registró por fin utilidades y decidió estrenarse en Obras por Impuestos, convirtiéndose en su primer año en el mayor contribuyente del país bajo esta modalidad.
Ochenta y cinco mil millones de pesos repartidos en diez proyectos que benefician a 55 municipios. Hay algo casi literario en que sea precisamente esa empresa, la que estuvo bajo asedio durante los últimos años, la que hoy pague impuestos con obras.
Pero no hay que caer en la ingenuidad de creer que el mecanismo es perfecto. Obras por Impuestos también ha sido, en otras regiones del país, terreno fértil para la manejos opacos: contratos direccionados, veedurías de papel y empresas que estructuran el proyecto para luego adjudicárselo a sí mismas sin que nadie levante la ceja. La fórmula funciona cuando existe estructuración técnica rigurosa y control ciudadano real. Se pudre cuando se convierte en maquillaje fiscal para quien, de todos modos, iba a pagar ese impuesto. Antioquia, hasta ahora, ha mostrado la primera versión. El país no siempre.
Queda, sin embargo, la pregunta política que le corresponde resolver al gobierno entrante. El gobernador Rendón ya anunció que le pedirá a Abelardo De la Espriella ampliar el cupo nacional, hoy fijado en 1,145 billones de pesos, sin desviarlo de los municipios PDET y ZOMAC. Es una petición razonable. Un presidente que llega hablando de eficiencia y de desconfianza frente al gasto público debería entender que este es, precisamente, el tipo de gasto que menos desconfianza genera. Aquí el contribuyente no le entrega un cheque en blanco al Estado: construye, vigila y firma con su propio nombre la obra que financia.
Obras por Impuestos es uno de esos raros casos en los que el ciudadano puede señalar un puente, un acueducto o un centro de salud y decir: eso fue exactamente lo que pagué. Tal vez la mejor política tributaria no sea la que cobra menos impuestos, sino la que permite ver con claridad en qué terminan convertidos.