Pico y Placa Medellín
viernes
2 y 8
2 y 8
Hay constituciones que nacen para organizar un Estado. La colombiana nació además para intentar salvarlo. Y hoy, 35 años después, vale la pena hacer un alto en el camino para reconocer y no olvidar el papel crucial que está jugando ante los enormes retos que enfrenta Colombia.
Su origen se produjo en una de las etapas más trágicas de nuestra historia. El país venía de padecer el terrorismo de los carteles de la droga, la expansión de las guerrillas, el crecimiento de los paramilitares, el asesinato de tres candidatos presidenciales, la toma del Palacio de Justicia y un Estado que comenzaba a tener síntomas de ser fallido.
En medio de esa crisis apareció la idea –como una chispa de esperanza– de cambiar la Constitución que tenía más de un siglo de vigencia y ya no conectaba con una sociedad diversa, compleja y exigente.
Puede que no sea una constitución perfecta. Ninguna lo es. Tampoco resolvió por sí sola los problemas estructurales de Colombia. Ninguna lo puede hacer. Pero no solo transformó profundamente la manera como el Estado se relaciona con los ciudadanos, sino que ha sido el principal dique de contención frente a los excesos del poder.
La Carta de 1991 amplió el catálogo de derechos, creó la acción de tutela, fortaleció la independencia judicial, reconoció la diversidad étnica y cultural del país, profundizó la descentralización, abrió mayores espacios para la participación y consolidó organismos de control y de vigilancia. Y sobre todo, los constituyentes entendieron que el Estado necesitaba trabajar de la mano con el sector privado. Desde entonces, Colombia ha tenido una de las épocas más vibrantes en términos de progreso social. El ejemplo más potente es el de la salud: solo el 24% de los colombianos tenían acceso a la salud en 1991, y para 2022 pasamos a un 99% de población asegurada. Esa es la prueba más contundente de cómo un privilegio se convierte en un derecho.
El bolsillo de los colombianos también sintió un gran alivio. La costumbre en el siglo XX era tener inflaciones de hasta el 45% anual. La Constitución del 91 le dio independencia al Banco de la República y prohibió financiar el déficit del gobierno con emisión de dinero. De suerte que mientras en 1991 teníamos una inflación de 32%, ahora nos aterramos con la de 6,14% que se registró en junio. Una diferencia que se traduce en poder adquisitivo real para millones de familias colombianas.
Y sobre todo la tutela. Desde 1992 hasta hoy, los colombianos han presentado cerca de 11 millones de tutelas, la gran mayoría buscando lo que otras instituciones del Estado no logran garantizar. Pocas innovaciones jurídicas han tenido un impacto tan tangible en la vida diaria de un país.
Pero el mayor mérito de la Constitución quizás no está en los derechos que consagró, sino en la capacidad que ha tenido para sobrevivir a quienes han querido acomodarla a sus intereses.
Uno de esos momentos tuvo lugar en el gobierno de Álvaro Uribe. Después de la reforma constitucional que permitió su primera reelección, el país se encaminaba hacia una segunda modificación para habilitar un tercer mandato consecutivo. El argumento era la enorme popularidad presidencial. Sin embargo, precisamente para evitar que las mayorías del momento terminaran destruyendo los límites del poder, la Corte Constitucional declaró inexequible el referendo reeleccionista en 2010. No juzgó la conveniencia política de Uribe ni el respaldo ciudadano que tenía. Defendió un principio más importante: que las reglas del juego democrático no pueden modificarse indefinidamente para beneficiar a quien ocupa el poder.
Aquella decisión confirmó que en Colombia existían instituciones capaces de decirle “no” incluso al presidente más popular de la historia reciente.
Años después, la Constitución volvió a enfrentar desafíos distintos. Durante la implementación del Acuerdo de Paz con las Farc, la Corte Constitucional examinó uno a uno los mecanismos extraordinarios diseñados para desarrollar lo pactado, preservando el equilibrio entre la búsqueda de la paz y el respeto por el orden constitucional. El mensaje volvió a ser el mismo: incluso los fines más legítimos deben perseguirse dentro de las reglas del Estado de derecho.
Estos últimos cuatro años se ha vuelto a poner a prueba. La consulta popular que el presidente Gustavo Petro convocó por decreto en junio de 2025, después de que el Senado la hundiera. El Gobierno recurrió a la excepción de inconstitucionalidad para desconocer una votación parlamentaria que le era adversa. El Consejo de Estado anuló la maniobra del Presidente y avaló la sesión del Senado que la había tumbado.
Los contrapesos que buscan evitar el abuso del poder han respondido. El Consejo de Estado, la Corte Constitucional, el Congreso, el Banco de la República, los órganos de control y las autoridades electorales han ejercido sus competencias con independencia, recordando que Colombia no es un solo individuo sino que es un conjunto de instituciones.
Eso es lo que distingue una democracia constitucional de una democracia plebiscitaria. En la primera gobiernan las mayorías, pero dentro de límites. En la segunda, las mayorías terminan convirtiéndose en una excusa para desmontar esos mismos límites.
El éxito de la Constitución en estos 35 años no consiste en haber eliminado las diferencias entre los colombianos, sino en haber construido un marco común para tramitarlas sin que cada crisis termine poniendo en riesgo la democracia.